Congreso de Veracruz analiza solicitudes de desafuero contra dos alcaldes; mantienen en reserva las identidades
Uno de los casos corresponde oficialmente al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, investigado tras diversos señalamientos administrativos
Xalapa, Ver., a 7 de julio de 2026.- El Congreso del Estado de Veracruz inició el análisis de dos solicitudes de declaración de procedencia —conocida comúnmente como desafuero— promovidas contra presidentes municipales de la entidad, en un procedimiento que busca determinar si existen elementos suficientes para retirarles la inmunidad procesal y permitir que enfrenten investigaciones penales ante las autoridades competentes.
El presidente de la Junta de Coordinación PolÃtica (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, confirmó la recepción de ambos expedientes y precisó que ya fueron remitidos a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, responsables de emitir el dictamen correspondiente.
Reserva de información para evitar especulaciones
Durante una entrevista, el legislador explicó que la actual Legislatura optó por mantener bajo reserva los nombres de los servidores públicos involucrados mientras las comisiones desarrollan el análisis jurÃdico de los expedientes.
Bautista Hernández sostuvo que la decisión responde a un criterio de confidencialidad y busca impedir que se generen especulaciones, señalamientos anticipados o campañas de desinformación que puedan afectar el desarrollo del procedimiento.
El diputado reconoció que en legislaturas anteriores sà se hacÃan públicos los nombres de los funcionarios sujetos a este tipo de solicitudes; sin embargo, afirmó que la actual integración del Congreso decidió privilegiar la secrecÃa hasta que existan resoluciones formales.
Asimismo, enfatizó que la declaración de procedencia no representa una sentencia de culpabilidad, sino únicamente un mecanismo constitucional que permite determinar si un servidor público con fuero puede quedar sujeto a un proceso penal.
Ixhuatlán del Sureste, el caso confirmado
Aunque la presidencia de la Jucopo evitó revelar oficialmente las identidades, trascendió que uno de los expedientes corresponde al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González MartÃnez, emanado de Movimiento Ciudadano.
La solicitud de declaración de procedencia fue remitida a las mismas comisiones legislativas que deberán revisar la documentación enviada por la autoridad ministerial competente.
El caso cobra relevancia luego de que la semana pasada se informara que el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste fue el único de los 212 municipios veracruzanos que incumplió con la entrega del Plan Municipal de Desarrollo ante la LXVII Legislatura.
Como consecuencia de esa omisión administrativa, diputadas y diputados acordaron dar vista a la FiscalÃa Especializada en Combate a la Corrupción, instancia encargada de determinar si existen responsabilidades dentro del ámbito de sus atribuciones.
El desafuero no implica culpabilidad
La declaración de procedencia constituye un instrumento previsto en la legislación veracruzana para retirar temporalmente la protección constitucional de determinados servidores públicos cuando existe una solicitud formal presentada por una autoridad ministerial.
Su finalidad es permitir que las investigaciones y, en su caso, los procesos penales continúen sin el obstáculo que representa el fuero constitucional, garantizando al mismo tiempo el debido proceso y la presunción de inocencia.
El oficio que dio origen al procedimiento fue remitido el pasado 6 de julio de 2026 conforme al artÃculo 34 de la Ley de Juicio PolÃtico y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.
Proceso legislativo apenas comienza
Con el inicio de la revisión de ambos expedientes, corresponderá ahora a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales evaluar las pruebas y emitir el dictamen que posteriormente será sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado.
Mientras ese proceso se desarrolla, las autoridades legislativas reiteraron que no emitirán información adicional sobre los casos para preservar la legalidad del procedimiento y evitar juicios anticipados en torno a los funcionarios involucrados.




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