La entidad destaca por aplicar multas y procedimientos jurídicos para proteger el derecho a la igualdad
Coahuila, a 16 de julio de 2026.– Mientras en gran parte del país los casos de discriminación suelen resolverse mediante recomendaciones, Coahuila se ha consolidado como un referente nacional al contar con un marco jurídico que permite investigar, sancionar e imponer multas por actos discriminatorios, fortaleciendo así la protección del derecho a la igualdad.
Así lo dio a conocer Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, quien explicó que la entidad dispone de un procedimiento legal respaldado por la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, mediante el cual las personas afectadas pueden acceder a mecanismos de justicia y reparación.
Un modelo que va más allá de las recomendaciones
La funcionaria destacó que el modelo implementado en Coahuila no se limita a emitir exhortos, sino que contempla un proceso formal de investigación en el que las víctimas pueden presentar una queja dentro del plazo de un año después de ocurridos los hechos.
Durante el procedimiento se brinda asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y un estudio sociodemográfico para conocer las condiciones de la persona afectada y, en caso necesario, canalizarla a otras dependencias que puedan ofrecer apoyo adicional.
Asimismo, explicó que antes de llegar a una resolución se privilegia la mediación entre las partes; sin embargo, cuando no existe un acuerdo, el expediente continúa con el desahogo de pruebas hasta emitir una resolución definitiva.
Multas y sanciones para quienes discriminen
Uno de los aspectos que distingue a la legislación coahuilense es la posibilidad de imponer sanciones económicas y medidas de reparación.
De acuerdo con el Artículo 63 de la ley estatal, las personas responsables de actos de discriminación pueden recibir multas que van de 100 a mil veces el salario mínimo, además de la publicación de la resolución en medios electrónicos, la colocación de avisos en el lugar donde ocurrió la conducta discriminatoria y la obligación de asistir a cursos de sensibilización.
Yeverino Mayola precisó que para configurar un acto de discriminación debe demostrarse la limitación o restricción de un derecho por motivos relacionados con apariencia física, color de piel, embarazo, discapacidad, orientación sexual, condición social, origen étnico, estado de salud u otras categorías protegidas por el Artículo Primero de la Constitución.
La funcionaria señaló que las resoluciones emitidas por esta Dirección han sido impugnadas mediante juicios de amparo; sin embargo, los tribunales han confirmado la legalidad de sus decisiones, fortaleciendo la certeza jurídica del procedimiento.
Prevención, la apuesta del Gobierno estatal
Además de sancionar, el Gobierno de Coahuila impulsa una estrategia preventiva mediante talleres y cursos dirigidos a instituciones educativas, empresas y organismos públicos, con el propósito de fomentar una cultura de respeto e inclusión.
La directora explicó que muchas expresiones o conductas consideradas normales en años anteriores hoy pueden representar actos discriminatorios, por lo que la sensibilización resulta indispensable para transformar la convivencia social.
En lo que va de 2026, cerca de 9 mil 500 personas han participado en estas actividades de capacitación.
Las principales causas de discriminación detectadas en la entidad continúan siendo la apariencia física, la discapacidad, el origen étnico y diversas condiciones de salud, incluido el VIH.
Derechos Humanos también interviene
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Ángel Rodríguez, informó que el organismo puede investigar casos de discriminación cuando los responsables sean servidores públicos.
No obstante, aclaró que cualquier persona puede acudir a la Comisión para recibir orientación jurídica, independientemente de quién haya cometido el presunto acto discriminatorio.
Asimismo, recordó que el Artículo 239 del Código Penal de Coahuila representa otra vía para denunciar estos hechos ante el Ministerio Público cuando la conducta constituya un delito.
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