lunes, 27 de julio de 2026

Avanza en fast track reforma electoral que reducirá regidores y síndicos en ayuntamientos del país

La iniciativa también plantea un recorte superior a 4 mil 300 millones de pesos a los presupuestos de los congresos locales
México, a 27 de julio de 2026.- La Cámara de Diputados y al menos 19 congresos estatales se preparan para acelerar el proceso de aprobación del denominado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa que contempla una reducción significativa en el número de regidores y síndicos de diversos ayuntamientos del país, además de imponer nuevos límites al presupuesto de los poderes legislativos estatales.

La estrategia legislativa busca que el dictamen sea aprobado esta misma semana en San Lázaro y, posteriormente, enviado a las legislaturas locales para alcanzar la mayoría constitucional necesaria, en un proceso que pretende concretarse en pocos días.

Reducirán integrantes de los cabildos

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del artículo 115 de la Constitución, mediante la cual se establecerá un límite máximo de 15 regidores por ayuntamiento.

De aprobarse, la medida implicará la desaparición de 190 regidores en 59 municipios y la eliminación de 182 síndicos en 40 ayuntamientos, con efectos previstos a partir de los próximos procesos municipales.

Entre los municipios que resultarían impactados se encuentran ciudades como Monterrey, Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Torreón, Monclova, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Acapulco, Pachuca y Tulancingo, entre otras.

La intención, de acuerdo con los impulsores de la reforma, es reducir el tamaño de los cabildos y optimizar el gasto destinado al funcionamiento de los gobiernos municipales.

Ruta legislativa acelerada

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fue convocada para dictaminar la propuesta, con la previsión de que el pleno la discuta y apruebe de inmediato para enviarla a los congresos estatales.

Según el calendario legislativo, la estrategia contempla obtener el respaldo de al menos 17 congresos locales, requisito indispensable para declarar la validez constitucional de la reforma.

Entre las entidades que prevén analizar la minuta se encuentran Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Sinaloa, además de otros estados que sesionarían durante la misma semana.

Ajuste histórico a los congresos estatales

Otro de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la modificación al artículo 116 constitucional, que establece que los congresos locales no podrán ejercer un presupuesto superior al 0.70 % del presupuesto total de su entidad.

Con esta disposición se estima un ahorro nacional de 4 mil 334 millones 662 mil 613 pesos, recursos que, de acuerdo con la propuesta, deberán destinarse a proyectos de obra pública.

Los mayores ajustes presupuestales recaerían en los congresos de Morelos y Tlaxcala, con reducciones cercanas al 60 % de sus recursos actuales. También se prevén recortes importantes en Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Baja California, Zacatecas y la Ciudad de México.

Debate sobre representación y austeridad

La reforma ha abierto un nuevo debate entre especialistas, legisladores y autoridades municipales respecto al equilibrio entre la reducción del gasto público y la representación ciudadana en los gobiernos locales.

Mientras sus promotores sostienen que la disminución del número de integrantes de los cabildos permitirá generar ahorros y hacer más eficientes las administraciones municipales, diversos sectores consideran que la medida podría reducir los espacios de representación política y pluralidad en los ayuntamientos.

En espera de la decisión de los estados

La reforma constitucional dependerá ahora del respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales para entrar en vigor. De concretarse el calendario previsto, el Congreso de la Unión emitiría la declaratoria de validez constitucional una vez obtenido el voto aprobatorio de al menos 17 congresos locales, con lo que comenzaría la implementación de una de las modificaciones más relevantes al sistema de representación municipal y al financiamiento de los poderes legislativos estatales en los últimos años.

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