Su dirigente señala que la incertidumbre y los obstáculos oficiales han obligado a algunos centros a operar con bajo perfil
Guanajuato, a 30 de julio de 2026.- Ante la falta de condiciones claras para regularizar los centros de rehabilitación contra las adicciones, algunos de estos establecimientos podrían continuar operando al margen de la formalidad, advirtió Nicolás Pérez Ponce, dirigente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).
El representante del sector sostuvo que estos espacios atienden una necesidad social que, desde su perspectiva, no está siendo cubierta plenamente por las autoridades. Por ello, consideró necesario que los gobiernos establezcan mecanismos accesibles que permitan a los llamados anexos cumplir con los requisitos legales y sanitarios sin enfrentar obstáculos que terminen por cerrar sus puertas.
Trabajar bajo presión
Pérez Ponce aseguró que varios centros han optado por mantener un perfil discreto debido a la presión que perciben por parte de las autoridades.
Explicó que algunos grupos incluso han retirado sus logotipos y reducido su exposición pública ante el temor de enfrentar consecuencias administrativas o de otra naturaleza.
La situación, señaló, ha generado un escenario contradictorio: establecimientos que continúan recibiendo a personas que buscan tratamiento para problemas de adicciones, pero que al mismo tiempo enfrentan dificultades para obtener el reconocimiento y la regularización necesarios para trabajar dentro de un marco institucional.
El dirigente afirmó que, pese a estas condiciones, los centros continuarán atendiendo a quienes soliciten ayuda, debido a la demanda existente.
Regularizar, antes que obstaculizar
Para CRUB, el reto no debería centrarse únicamente en supervisar o sancionar a los establecimientos que incumplen alguna disposición, sino en generar condiciones para que puedan regularizarse.
La organización considera que las autoridades deben acompañar a los responsables de estos espacios en el cumplimiento de los requisitos, especialmente en materia de infraestructura, atención y protocolos relacionados con el tratamiento de las adicciones.
La falta de una ruta clara, sostuvo Pérez Ponce, puede terminar empujando a los centros hacia la clandestinidad, aun cuando su operación responda a una demanda real de familias que buscan alternativas de atención para sus seres queridos.
Una problemática que exige coordinación
El debate sobre los anexos refleja una problemática más amplia relacionada con la atención de las adicciones. Mientras las autoridades avanzan en acciones de supervisión, los responsables de estos centros reclaman mecanismos que les permitan incorporarse plenamente a la legalidad.
El desafío consiste en encontrar un punto de equilibrio entre la vigilancia, la protección de las personas en tratamiento y la posibilidad de que los establecimientos cumplan con las normas.
En este contexto, el llamado de CRUB apunta a que la regulación no se convierta exclusivamente en una barrera, sino en una herramienta para mejorar las condiciones de atención.
La advertencia permanece sobre la mesa
La postura del sector es clara: mientras no existan condiciones que faciliten la regularización, algunos anexos continuarán funcionando con bajo perfil.
La advertencia abre nuevamente la discusión sobre la necesidad de construir una política estatal que permita conocer cuántos centros operan, bajo qué condiciones y qué requieren para incorporarse a un esquema formal.
Más que una confrontación entre autoridades y responsables de los centros, el escenario plantea una deuda pendiente en materia de atención a las adicciones: establecer reglas claras y mecanismos viables para que quienes brindan este servicio puedan hacerlo con certeza jurídica y bajo estándares adecuados.
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