Alertan retroceso en transparencia sobre fosas clandestinas en México

Informe de organizaciones civiles revela menor acceso a información oficial desde 2022

México, a 15 de julio de 2026.- La disponibilidad de información oficial sobre fosas clandestinas en México ha disminuido de manera significativa en los últimos años, de acuerdo con el informe Enterrar la verdad: Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, elaborado por la Universidad Iberoamericana, Artículo 19 y Data Cívica, el cual advierte un retroceso en la transparencia institucional y mayores obstáculos para atender la crisis de desapariciones en el país.

El documento señala que cada vez menos autoridades proporcionan datos sobre el número, ubicación y fechas de hallazgo de fosas clandestinas, situación que limita el acceso a información esencial para las familias de personas desaparecidas, investigadores y organizaciones de derechos humanos.

Disminuye la respuesta de las instituciones

Durante la presentación del informe, Leslie Salazar, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, explicó que la capacidad de respuesta de las instituciones públicas ha caído de manera sostenida desde 2022.

Mientras hace cuatro años el 93.8 por ciento de las dependencias respondían las solicitudes de acceso a la información relacionadas con fosas clandestinas, para 2025 ese porcentaje descendió al 62.5 por ciento, reflejando un escenario de mayor opacidad.

La investigadora señaló que siete fiscalías estatales dejaron de proporcionar información sobre este tema. Entre los casos expuestos figura Baja California, entidad que después de haber entregado datos en 2024 decidió clasificarlos como información reservada al año siguiente.

También destacó el caso de Quintana Roo, donde previamente se reportaron hallazgos de fosas clandestinas entre 2006 y 2024, pero posteriormente las autoridades informaron no haber registrado ningún caso.

Respuestas insuficientes dificultan la búsqueda

Penny Ramírez, activista e integrante del Programa de la Ibero, afirmó que algunas instituciones argumentan que no les corresponde generar o sistematizar información sobre fosas clandestinas, situación que limita la posibilidad de identificar patrones de violencia y fortalecer las labores de búsqueda.

Entre los ejemplos mencionó a la Fiscalía de Morelos, que respondió que no está obligada a elaborar documentos nuevos, así como a la Ciudad de México, donde se indicó que no existían datos con el nivel de detalle solicitado.

La activista sostuvo que estas respuestas impiden conocer la verdadera dimensión del problema y obligan a que familias, colectivos e investigadores realicen labores que legalmente corresponden al Estado.

Colectivos exigen registros públicos confiables

Durante la presentación también participó Olimpia Montoya, integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda en Guanajuato, quien consideró que la falta de registros confiables agrava la crisis forense que enfrenta el país.

La buscadora señaló que actualmente existen más de 72 mil cuerpos pendientes de identificación y afirmó que la creación de un registro público, actualizado y preciso sobre fosas clandestinas permitiría facilitar las investigaciones y reducir el recorrido que las familias realizan entre distintas instituciones en busca de información.

Los especialistas coincidieron en que la transparencia constituye una herramienta indispensable para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y construir políticas públicas más eficaces frente a una problemática que continúa creciendo.