Veracruz busca liberar a municipios de deuda heredada; propone liquidar anticipadamente bursatilización de 199 ayuntamientos

Gobierno estatal asumiría hasta el 75 por ciento del adeudo para reducir cargas financieras municipales

Xalapa, Ver., a 12 de junio de 2026.- El Congreso del Estado de Veracruz recibió y turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado una iniciativa que podría representar uno de los cambios financieros más importantes para los municipios veracruzanos en los últimos años.

La propuesta, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, contempla la creación del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la Liquidación Anticipada de la Deuda Bursátil Municipal, mecanismo que permitiría poner fin a compromisos adquiridos desde 2008, cuando la LXI

Legislatura aprobó el esquema de bursatilización de participaciones federales.

Durante casi dos décadas, cientos de municipios han mantenido parte de sus ingresos comprometidos para cumplir con los pagos derivados de ese financiamiento, situación que en muchos casos ha limitado su capacidad de inversión en infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

El Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo financiero

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que el Gobierno del Estado asumiría hasta el 75 por ciento del saldo insoluto de capital necesario para liquidar anticipadamente la deuda vigente.

Por su parte, los municipios participantes aportarían el 25 por ciento restante, generando un esquema compartido que busca aliviar las finanzas locales sin trasladar completamente la responsabilidad a los ayuntamientos.

La medida representa una intervención financiera extraordinaria que, de aprobarse, modificaría significativamente la relación de los municipios con uno de los compromisos económicos más prolongados de los últimos años.

Adiós a las UDIS y a la incertidumbre inflacionaria

Entre los beneficios señalados en la propuesta destaca la eliminación del esquema denominado en Unidades de Inversión (UDIS), un instrumento que ajusta su valor conforme a la inflación.

Durante años, este mecanismo provocó que los montos de la deuda aumentaran progresivamente, incluso cuando los municipios continuaban realizando pagos constantes.

La iniciativa plantea sustituir completamente ese modelo por obligaciones denominadas en pesos, otorgando mayor certidumbre financiera y evitando que factores inflacionarios sigan incrementando el costo de la deuda.

Desde una perspectiva hacendaria, este cambio permitiría una mejor planeación presupuestal para los gobiernos municipales, al eliminar variables externas que afectan el monto real de los compromisos financieros.

Menos intereses y una deuda que terminaría antes

Otro de los puntos centrales del proyecto consiste en reducir considerablemente el tiempo de pago.

Actualmente, el esquema de bursatilización contempla obligaciones que se extienden hasta el año 2036; sin embargo, la nueva propuesta plantea concluir los compromisos financieros en 2030, es decir, seis años antes de lo previsto.

Asimismo, se eliminarían pagos futuros de intereses y se reduciría el porcentaje de participaciones federales descontadas a los municipios, lo que permitiría liberar mayores recursos para atender necesidades locales.

La iniciativa también establece mecanismos de disciplina financiera. En caso de que algún municipio incumpla con los compromisos acordados dentro del nuevo esquema, la tasa de interés aplicable regresaría a las condiciones actuales para ese ayuntamiento en particular.

Una apuesta por fortalecer a los municipios

Más allá de las cifras, la propuesta refleja un esfuerzo por fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos municipales, considerados el primer nivel de atención para la ciudadanía.

La disponibilidad de mayores recursos podría traducirse en una mejor capacidad para ejecutar obras públicas, ampliar servicios básicos y responder a demandas sociales que históricamente han enfrentado restricciones presupuestales.

Analistas coinciden en que la viabilidad del programa dependerá tanto de su aprobación legislativa como de la capacidad de coordinación entre el Gobierno estatal y los 199 municipios involucrados.

El Congreso tendrá la última palabra

La iniciativa ya se encuentra en análisis dentro de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, donde será revisada antes de ser sometida a discusión y eventual votación por el pleno legislativo.

De aprobarse, Veracruz emprendería uno de los procesos de saneamiento financiero municipal más amplios de su historia reciente, con implicaciones directas para las finanzas públicas de casi la totalidad de los municipios participantes en el esquema de bursatilización.

El debate legislativo que se avecina pondrá sobre la mesa no sólo aspectos técnicos y financieros, sino también el impacto que esta medida podría tener en el desarrollo regional y en la capacidad operativa de los gobiernos municipales durante los próximos años.