Patricia Negrete Tafoya fue asesinada en Pénjamo; la activista buscaba a su hermana desaparecida desde 2021 y acompañaba a otras familias en labores de búsqueda
México, a 29 de junio de 2026.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el pasado 23 de junio en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, y llamó a las autoridades mexicanas a garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
A través de un pronunciamiento público, el organismo internacional manifestó su profunda consternación por el crimen y reiteró que las personas defensoras de derechos humanos deben desarrollar su labor en un entorno seguro, libre de amenazas y con la protección necesaria por parte del Estado.
Además, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y con las integrantes del colectivo al que pertenecía, al tiempo que solicitó que la investigación considere como una línea prioritaria su actividad como buscadora, incorporando también una perspectiva de género durante las indagatorias.
Una madre y hermana que convirtió la búsqueda en una causa colectiva
Patricia Negrete Tafoya emprendió la búsqueda de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde enero de 2021 en el municipio de Pénjamo.
Con el paso de los años, su lucha trascendió el ámbito familiar y se convirtió en una labor permanente de acompañamiento a otras personas que enfrentan la desaparición de un ser querido.
Como integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, participaba en jornadas de búsqueda en campo, colaboraba en acciones de localización y brindaba apoyo a familias que compartían el mismo dolor e incertidumbre.
Su trabajo reflejaba el esfuerzo que cientos de madres, hermanas, hijas y esposas realizan diariamente en distintas regiones del país para localizar a personas desaparecidas, muchas veces enfrentando riesgos derivados de la violencia y la falta de condiciones adecuadas de protección.
ONU alerta por el incremento de agresiones contra personas buscadoras
En su posicionamiento, la ONU-DH informó que durante lo que va de 2026 ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos, de las cuales tres eran buscadoras en el estado de Guanajuato.
El organismo internacional consideró que estas cifras evidencian la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección dirigidos a quienes participan en labores de búsqueda y defensa de los derechos humanos.
Asimismo, reiteró que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que estas actividades puedan desarrollarse sin intimidaciones, agresiones ni actos de violencia.
La ONU insistió en que la protección de las personas buscadoras constituye un elemento indispensable para avanzar en el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para miles de familias afectadas por la desaparición de personas.
Investigación en curso
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Patricia Negrete fue atacada con disparos de arma de fuego cuando concluía su jornada laboral en las inmediaciones del Hospital General de Pénjamo.
La dependencia informó que ya fue integrada una carpeta de investigación por el delito de homicidio y que continúan las diligencias ministeriales para esclarecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar si el crimen guarda relación con la labor de búsqueda que realizaba la activista.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que las investigaciones se desarrollen con independencia, exhaustividad y bajo protocolos especializados para casos que involucran a personas defensoras y buscadoras.
La búsqueda de desaparecidos, una labor de alto riesgo
El asesinato de Patricia Negrete vuelve a colocar en el centro del debate la situación que enfrentan los colectivos de búsqueda en México.
Ante la ausencia de respuestas oportunas en numerosos casos de desaparición, cientos de familias han asumido directamente las tareas de localización de sus seres queridos, organizando brigadas, exploraciones en campo y acciones de acompañamiento que, en muchos casos, se realizan en contextos de inseguridad.
Especialistas en derechos humanos advierten que la violencia contra personas buscadoras no solo afecta a quienes participan en estas labores, sino que también representa un obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia, además de generar un clima de temor entre quienes continúan buscando a sus familiares.
La exigencia de organismos nacionales e internacionales coincide en la necesidad de fortalecer las políticas de protección, garantizar investigaciones eficaces y combatir la impunidad en los delitos cometidos contra quienes dedican su vida a localizar a personas desaparecidas.
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