La infiltración del crimen organizado en instituciones públicas representa uno de los principales obstáculos para restablecer la tranquilidad, afirma investigador de la UAdeC

Propone una depuración profunda de corporaciones policiales, fiscalías y la creación de unidades especializadas para combatir la corrupción

Coahuila, a 16 de junio de 2026.– La recuperación de la paz y la seguridad en México podría requerir al menos una década de trabajo continuo si se emprenden acciones contundentes para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales, consideró el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en temas de seguridad, Víctor Manuel Sánchez Valdés.

El académico sostuvo que, aunque es posible revertir el deterioro de la seguridad pública, ello dependerá de una estrategia integral que trascienda los periodos gubernamentales y priorice el combate a la corrupción dentro de las corporaciones encargadas de procurar justicia.

La infiltración criminal, uno de los mayores desafíos

Sánchez Valdés señaló que uno de los factores que más ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar a la delincuencia organizada es la presencia de redes criminales que han logrado infiltrarse en distintos niveles de gobierno.

Explicó que esta situación favorece el control territorial que ejercen diversos grupos delictivos en varias regiones del país, generando condiciones que dificultan el trabajo de las autoridades y afectan directamente a la población.

Entre las entidades donde esta problemática presenta mayores niveles de incidencia mencionó Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y el Estado de México, aunque advirtió que el fenómeno alcanza diversas zonas del territorio nacional.

Afirmó que la recuperación institucional debe comenzar con una depuración profunda de las corporaciones policiales y de las fiscalías, acompañada de mecanismos estrictos para investigar y sancionar actos de corrupción.

Estrategia de largo plazo

El especialista indicó que el combate a la infiltración criminal no puede resolverse mediante acciones aisladas o de corto plazo, sino que requiere una política pública permanente que trascienda los cambios de administración.

En ese sentido, propuso la creación de unidades especializadas de carácter federal encargadas exclusivamente de investigar posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.

Asimismo, planteó que dichas instancias cuenten con facultades para detectar, investigar y remover de las estructuras gubernamentales a funcionarios que colaboren o favorezcan a grupos criminales.

A juicio del investigador, sólo mediante instituciones fortalecidas será posible recuperar la confianza ciudadana y restablecer el control del Estado en regiones afectadas por la violencia.

Diez años para observar resultados sostenidos

Víctor Manuel Sánchez Valdés estimó que, si una estrategia integral comenzara a implementarse de inmediato y se mantuviera sin interrupciones durante varios gobiernos, los primeros resultados significativos podrían observarse en un periodo aproximado de 10 años.

Explicó que un proyecto de esta naturaleza permitiría reducir progresivamente fenómenos que hoy afectan a millones de mexicanos, como los asaltos en carreteras, el robo de combustible, las desapariciones forzadas, la operación de laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas y otros delitos vinculados con la delincuencia organizada.

El investigador consideró que la magnitud del problema exige un compromiso institucional de largo alcance, en el que participen los tres órdenes de gobierno, las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como organismos de control y fiscalización.

Un reto que rebasa los periodos de gobierno

El análisis del especialista pone de relieve que la inseguridad en México no sólo depende del fortalecimiento de las capacidades operativas de las corporaciones policiales, sino también de la recuperación de la integridad institucional.

En ese contexto, advirtió que la confianza ciudadana sólo podrá consolidarse cuando existan mecanismos eficaces para prevenir la corrupción, sancionar a quienes colaboren con organizaciones criminales y garantizar que las instituciones actúen con independencia y transparencia.

Más allá de los resultados inmediatos, señaló que la construcción de condiciones de paz demanda continuidad en las políticas públicas y una visión de Estado que privilegie el fortalecimiento institucional sobre las soluciones temporales.