La iniciativa busca fortalecer el Estado de derecho y actualizar los mecanismos de impartición de justicia
Venezuela, a 1 de junio de 2026.- Con el propósito de revisar y transformar el funcionamiento del sistema penal venezolano, este lunes inició en todo el país la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal. El proceso contempla jornadas simultáneas de discusión en los estados venezolanos y pretende reunir propuestas de diversos sectores para construir un modelo de justicia más eficiente, accesible y acorde con las necesidades actuales de la sociedad.
Arranca una consulta de alcance nacional
El gobierno venezolano puso en marcha una de las iniciativas más amplias de análisis institucional de los últimos años con el inicio de la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.
De acuerdo con información difundida por el Ministerio Público, el proceso busca generar espacios de diálogo y participación para evaluar el desempeño del sistema penal y plantear posibles modificaciones que contribuyan a fortalecer el Estado social de derecho y de justicia.
La estrategia contempla la realización de actividades simultáneas en todo el territorio nacional, con la participación de representantes de instituciones públicas, especialistas, operadores del sistema judicial y diversos sectores sociales.
Las autoridades consideran que la revisión del marco jurídico y de los procedimientos penales constituye un paso importante para responder a los desafíos que enfrenta actualmente el sistema de administración de justicia.
Coordinación institucional y participación ciudadana
Según el Ministerio Público, la consulta fue orientada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y coordinada por el secretario ejecutivo de la Comisión para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal y fiscal general de la República, Larry Devoe Márquez.
La iniciativa busca incorporar opiniones y propuestas provenientes de distintas regiones del país, con el objetivo de que las conclusiones reflejen una visión amplia sobre las necesidades de transformación institucional.
La participación de actores vinculados al ámbito judicial, académico y comunitario pretende enriquecer el debate y ofrecer elementos para la construcción de futuras reformas legislativas y administrativas.
Ocho circuitos para recorrer el país
El despliegue nacional se realizará mediante ocho circuitos territoriales diseñados para abarcar la totalidad de los estados venezolanos.
La metodología contempla jornadas intensivas de discusión durante tres días consecutivos en cada entidad, permitiendo el análisis de temas relacionados con la procuración de justicia, la protección de derechos, la eficiencia procesal y el funcionamiento de los organismos encargados de aplicar la ley.
Las mesas de trabajo servirán como espacios para identificar fortalezas y debilidades del sistema vigente, así como para formular recomendaciones orientadas a mejorar la atención a la ciudadanía y garantizar una respuesta más efectiva ante los distintos tipos de delitos.
Una reforma con implicaciones de largo plazo
Más allá de los encuentros y debates programados, la consulta representa un intento por abrir una discusión nacional sobre el papel que debe desempeñar la justicia penal en la vida pública venezolana.
Especialistas coinciden en que los procesos de reforma judicial suelen tener un impacto profundo en la confianza ciudadana, la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional. Por ello, el éxito de la iniciativa dependerá no solo de la amplitud de la consulta, sino también de la capacidad para traducir las propuestas en acciones concretas.
El proceso también refleja la creciente importancia que adquieren los mecanismos de participación en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.
Expectativas sobre los resultados
Las conclusiones que surjan de las jornadas de consulta podrían convertirse en la base para futuras modificaciones normativas y ajustes operativos dentro del sistema penal venezolano.
Las autoridades han manifestado que el objetivo central es construir un modelo de justicia más eficiente, transparente y cercano a la población, capaz de responder a las demandas actuales y fortalecer la institucionalidad del país.
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