Organizaciones acusan deficiencias en investigaciones y falta de perspectiva de género en los tribunales
Chiapas, a 19 de junio de 2026.– La reforma que hace un año fue presentada como un paso histórico para combatir el feminicidio en Chiapas permanece, hasta ahora, sin efectos en los tribunales. Aunque el Congreso del Estado modificó el Código Penal para establecer sanciones de hasta 100 años de prisión para quienes cometan este delito, ninguna resolución judicial ha alcanzado esa pena máxima.
Así lo afirmó la abogada Blanca Esther Nájera, representante legal de la Fundación Karla Velasco, Familias Víctimas de Feminicidio, Homicidio y Tentativa de Feminicidio, quien sostuvo que la reforma ha quedado limitada al papel debido a fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia.
Una reforma que no ha llegado a las sentencias
De acuerdo con la litigante, desde 2016 se han documentado alrededor de dos mil muertes violentas de mujeres en Chiapas. Aunque los expedientes han sido judicializados y varios responsables han sido detenidos o sentenciados, la pena más alta que se ha impuesto continúa siendo de 65 años de prisión, el mismo límite que predominaba antes de la reforma.
Nájera señaló que los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado no integran adecuadamente las carpetas de investigación y, además, los jueces continúan resolviendo los casos sin aplicar una perspectiva de género, situación que impide imponer las sanciones máximas previstas en la legislación.
Explicó que la modificación al Código Penal fue impulsada con el objetivo de fortalecer el combate al feminicidio y enviar un mensaje de cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la práctica judicial mantiene criterios que reducen el alcance de dicha reforma.
Familias enfrentan largos procesos para obtener justicia
La representante de la fundación aseguró que las pruebas y elementos aportados por las familias frecuentemente no son considerados de manera integral durante las investigaciones ni en los procesos judiciales, lo que deriva en condenas que consideran insuficientes.
Indicó que actualmente existen sentencias que van desde los 25 hasta los 65 años de prisión, sin que ello represente una verdadera reparación para las víctimas indirectas ni el cierre adecuado de los procesos.
Como ejemplo mencionó el caso de Karla Yesenia "N", cuyo proceso judicial requirió varios años de litigio. Inicialmente se dictó una condena de apenas ocho años de prisión; posteriormente fue incrementada a doce años y, tras diversas impugnaciones, un tribunal elevó la pena a 45 años. Finalmente, fue necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la sentencia aumentara a 65 años, procedimiento que representó un importante desgaste económico y emocional para la familia.
Persisten la violencia y las desapariciones
La organización también advirtió que la violencia feminicida continúa registrando cifras preocupantes en la entidad. En lo que va del presente año se han documentado 20 casos de feminicidio; durante 2024 fueron registrados 40, mientras que en 2023 se contabilizaron 34 y en 2022 un total de 39.
No obstante, la fundación considera que estas cifras podrían ser mayores debido a la existencia de casos que nunca son denunciados por temor, amenazas o decisiones familiares, fenómeno que, a su juicio, refleja la persistencia de obstáculos para acceder a la justicia y evidencia la necesidad de fortalecer las investigaciones ministeriales.
A esta problemática se suma la desaparición de personas. La sociedad civil ha documentado aproximadamente 3 mil 300 casos de desaparición forzada en Chiapas, cifra superior a la registrada oficialmente por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta alrededor de 2 mil expedientes, diferencia que ha generado desconfianza entre colectivos y familiares.
La distancia entre la ley y su aplicación
Para organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, el aniversario de la reforma representa un momento para evaluar sus resultados más allá del texto legal. Consideran que endurecer las penas resulta insuficiente si las investigaciones continúan presentando deficiencias y si los órganos encargados de impartir justicia no aplican plenamente los principios de perspectiva de género.
A un año de haberse elevado la sanción máxima a 100 años de prisión para feminicidas, las familias de las víctimas sostienen que el verdadero desafío sigue siendo garantizar investigaciones sólidas, sentencias acordes con la gravedad de los delitos y un sistema judicial que responda con eficacia a una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres en Chiapas.
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