La nueva propuesta contempla elecciones concurrentes en 2028 y menos aspirantes en boletas federales
México, a 18 de mayo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una nueva propuesta de reforma relacionada con la elección popular del Poder Judicial, mediante la cual se pretende aplazar la jornada electoral prevista originalmente para 2027 y reducir significativamente el número de candidatos que aparecerán en las boletas.
La iniciativa fue presentada durante la “mañanera del pueblo” por la consejera jurídica del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde, quien explicó que el objetivo principal es hacer más comprensible y accesible el proceso de votación para la ciudadanía, además de mejorar la organización electoral a nivel federal y estatal.
Elección judicial se movería hasta 2028
De acuerdo con la propuesta, la elección del Poder Judicial se realizaría finalmente el domingo 4 de junio de 2028, en lugar de 2027, tanto para cargos federales como locales.
La modificación también contempla que las futuras renovaciones judiciales continúen de manera concurrente con los procesos electorales ordinarios de los años 2030, 2033 y 2036, bajo un esquema escalonado que permita sustituir vacantes conforme se generen.
La administración federal sostiene que el aplazamiento permitiría construir un modelo electoral más ordenado, menos complejo y con mayores condiciones de participación ciudadana.
Miles de cargos judiciales estarán en juego
La reforma plantea una de las transformaciones más amplias en la historia reciente del sistema judicial mexicano, pues en la elección de 2028 se pondrían a votación cientos de cargos.
Entre ellos destacan:
· 4 magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito.
· 385 jueces de Distrito.
· 24 magistraturas locales y 2 mil 831 jueces estatales correspondientes a 25 entidades federativas.
La magnitud de la elección ha generado debate entre especialistas, académicos y sectores políticos, debido al desafío logístico y democrático que implica llevar las urnas al ámbito judicial.
Menos candidatos para evitar confusión
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la reducción del número de aspirantes por cargo.
Luisa María Alcalde detalló que los Comités de Evaluación revisarán conocimientos, trayectoria profesional, competencias y “buena fama pública” de cada participante, seleccionando inicialmente a las cuatro personas mejor calificadas.
Posteriormente, mediante un proceso de insaculación pública, el listado se reducirá a únicamente dos candidaturas por cargo y especialidad, garantizando además la paridad de género.
Con este nuevo esquema, el número de candidatos disminuiría considerablemente:
· Suprema Corte de Justicia de la Nación: de 81 a 54 aspirantes.
· Tribunal de Disciplina Judicial: de 45 a 30 aspirantes.
· Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: de 63 a 42 aspirantes.
Según el Gobierno Federal, esta medida busca evitar boletas excesivamente extensas que dificulten el voto informado.
Boletas más claras y participación ciudadana
La propuesta también contempla una simplificación visual y operativa de las boletas electorales.
Cada ciudadano votaría únicamente por un juez y un magistrado en cada especialidad, identificando claramente qué candidatura corresponde al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Además, las boletas señalarán a jueces y magistrados en funciones que busquen reelegirse, con el propósito de ofrecer mayor transparencia al electorado.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría la responsabilidad de dividir el territorio nacional en distritos judiciales específicos para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.
Una reforma que redefine la relación entre ciudadanía y justicia
La elección popular del Poder Judicial ha sido uno de los temas más polémicos de la agenda política nacional en los últimos años.
Mientras el Gobierno Federal argumenta que la reforma permitirá democratizar el acceso a la justicia y combatir privilegios dentro del sistema judicial, sectores opositores advierten riesgos relacionados con la politización de jueces y magistrados.
El anuncio realizado este lunes abre una nueva etapa de discusión legislativa y jurídica que podría modificar profundamente la estructura institucional del país y la manera en que los mexicanos participan en la designación de quienes imparten justicia.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión durante el próximo periodo legislativo.
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