El exmandatario no acudió a la audiencia en Tarija y la justicia activó medidas legales en su contra
Bolivia, a 11 de mayo de 2026.- El proceso judicial contra el expresidente boliviano Evo Morales volvió a colocar al país sudamericano en un escenario de alta tensión política y jurídica, luego de que un tribunal de Tarija lo declarara oficialmente en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio oral en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas.
La decisión judicial derivó en la emisión de una orden de captura y arraigo contra el exmandatario, quien permanece resguardado desde hace meses en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de sus seguidores.
Un juicio suspendido y una crisis que escala
La audiencia comenzó la mañana de este lunes en Tarija sin la presencia de Morales ni de sus abogados particulares. Ante ello, el tribunal determinó declararlo rebelde ante la justicia y suspender el juicio hasta que comparezca voluntariamente o sea presentado por la fuerza pública.
El fiscal Luis Gutiérrez confirmó que ahora corresponde a la Policía ejecutar la orden de aprehensión, aunque reconoció que el Ministerio Público no tiene facultades operativas para hacerlo directamente.
La ausencia del exgobernante volvió a encender el debate sobre el alcance político del proceso, pues mientras la Fiscalía sostiene que existen más de 170 pruebas y decenas de testimonios en su contra, la defensa insiste en que el caso tiene motivaciones políticas y responde al clima de confrontación que vive Bolivia.
La acusación que persigue a Morales
El expresidente es investigado por presuntamente haber sostenido una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial en 2016, relación de la que supuestamente nació una hija.
La causa tomó fuerza desde octubre de 2024, cuando el Ministerio Público formalizó la acusación y buscó ejecutar una primera orden de detención. Sin embargo, movilizaciones y bloqueos carreteros organizados por simpatizantes del exmandatario impidieron entonces el ingreso de fuerzas policiales al Trópico de Cochabamba.
Desde esa fecha, Morales permanece protegido por grupos afines que mantienen vigilancia permanente en la zona para evitar su captura.
Defensa denuncia irregularidades
Wilfredo Chávez, integrante del equipo jurídico del expresidente, aseguró que Morales no fue notificado personalmente sobre la audiencia y que el citatorio se realizó únicamente mediante edictos judiciales, lo que calificó como una irregularidad procesal.
Además, acusó al gobierno boliviano de utilizar el caso como herramienta política en medio de las recientes protestas sociales contra la administración del presidente Rodrigo Paz.
El discurso de la defensa busca reforzar la narrativa de persecución política que Morales y sus seguidores han sostenido desde hace varios meses, mientras sectores opositores consideran que el proceso representa una prueba para la independencia judicial en Bolivia.
Un país polarizado ante el futuro político de Evo
La figura de Evo Morales continúa dividiendo profundamente a Bolivia. Para sus simpatizantes sigue siendo un referente histórico de los movimientos indígenas y populares; para sus críticos, representa una etapa marcada por confrontaciones institucionales y excesiva concentración de poder.
La suspensión del juicio no reduce la tensión política. Por el contrario, abre un nuevo capítulo de incertidumbre en un país donde la polarización social sigue marcando el rumbo de la vida pública.
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