Organismos humanitarios advierten que la pobreza y la exclusión educativa agravan el riesgo de matrimonios forzados
Afganistán, 29 de mayo de 2026.- La crisis de derechos humanos en Afganistán volvió a colocarse en el centro de la preocupación internacional luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertara sobre los efectos del decreto N.° 18 emitido por el gobierno talibán, una medida que, según organismos internacionales, formaliza de manera implícita el matrimonio infantil y endurece aún más las restricciones contra mujeres y niñas en el país asiático.
La nueva disposición, promovida por el Ministerio de Justicia del régimen talibán, modifica aspectos relacionados con la separación conyugal y las normas familiares, pero organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que en realidad fortalece mecanismos que permiten obligar a menores de edad a contraer matrimonio, situación que ha sido duramente cuestionada por la comunidad internacional.
ONU advierte retroceso en derechos humanos
La ONU expresó su preocupación al considerar que el decreto representa un nuevo retroceso para las mujeres afganas, quienes desde el retorno del Talibán al poder han enfrentado restricciones progresivas en materia educativa, laboral, social y jurídica.
De acuerdo con organismos internacionales, el reconocimiento indirecto de prácticas relacionadas con matrimonios infantiles incrementa la vulnerabilidad de miles de niñas, especialmente en comunidades afectadas por pobreza extrema, desplazamiento y falta de acceso a la educación.
Especialistas en derechos humanos sostienen que muchas familias recurren a estos matrimonios como una medida de supervivencia económica, mientras que la prohibición impuesta a las mujeres para asistir a escuelas y universidades ha reducido aún más sus posibilidades de independencia y desarrollo.
Matrimonios forzados y pobreza: una combinación alarmante
La situación en Afganistán refleja una crisis social compleja donde la violencia estructural, el conflicto armado y las limitaciones impuestas a las mujeres generan condiciones propicias para el aumento de matrimonios forzados.
Diversos informes internacionales señalan que niñas y adolescentes son entregadas en matrimonio a edades cada vez más tempranas, muchas veces sin consentimiento y en contextos de extrema vulnerabilidad.
La ONU y grupos humanitarios advirtieron que este tipo de prácticas representan violaciones graves a los derechos fundamentales de la infancia y tienen consecuencias profundas en la salud física, emocional y educativa de las menores.
Crece la presión internacional sobre el régimen talibán
Tras la difusión del decreto, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros comenzaron a exigir explicaciones al régimen talibán y reiteraron llamados para garantizar los derechos de las mujeres afganas.
Defensores de derechos humanos consideran que Afganistán atraviesa uno de los momentos más delicados en materia de libertades civiles desde el regreso del Talibán, mientras continúan acumulándose denuncias por restricciones a la educación, movilidad, participación pública y acceso laboral de las mujeres.
La comunidad internacional teme que este nuevo marco legal fortalezca prácticas tradicionales que durante años fueron combatidas por organismos internacionales y asociaciones civiles.
Un país atrapado entre crisis humanitaria y retrocesos sociales
El caso afgano vuelve a exhibir las profundas tensiones entre el régimen talibán y los organismos internacionales de derechos humanos. Mientras millones de niñas enfrentan barreras para acceder a educación y protección, la ONU insiste en que cualquier política pública debe garantizar la dignidad, libertad y seguridad de mujeres y menores de edad.
La preocupación mundial permanece centrada en las consecuencias que este decreto podría generar en las futuras generaciones afganas, en medio de una crisis humanitaria que continúa agravándose en diversas regiones del país.
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