Vivienda en crisis: Jalisco abre negociación para bajar costos y enfrentar déficit histórico

Iniciativa busca condonar permisos y reordenar el territorio para abaratar la vivienda social

Jalisco, a 26 de abril de 2026.- Con un diagnóstico frontal, el gobernador Pablo Lemus Navarro cerró la XV Reunión Anual de Vivienda y Ciudad de CANADEVI Jalisco en Puerto Vallarta, al advertir que el estado enfrenta un déficit de 700 mil viviendas sociales. La propuesta: una corresponsabilidad total entre gobierno, municipios y sector privado para contener precios y ampliar la oferta.

Un diagnóstico sin rodeos

El encarecimiento de la tierra y la desaparición de subsidios federales —particularmente del INFONAVIT— han colocado a Jalisco ante lo que el propio mandatario calificó como “el reto más importante de su historia” en materia de vivienda.

Durante su intervención, Lemus reconoció que el modelo tradicional de acceso a vivienda social ha dejado de ser viable bajo las condiciones actuales del mercado, donde el precio del suelo crece a un ritmo que rebasa la capacidad adquisitiva de miles de familias.

La meta: vivienda por debajo de 1.1 millones

El gobernador fijó como objetivo que las viviendas sociales no superen el millón 100 mil pesos, una cifra que, dijo, solo será alcanzable si todos los actores reducen costos y ajustan sus márgenes.

En ese sentido, anunció que el gobierno estatal condonará la totalidad de los derechos y trámites estatales para viviendas dentro de ese rango, aunque admitió que este componente representa una parte mínima del costo total.

“No venimos a simular soluciones”, dejó entrever, al insistir en que el peso real de la estrategia recaerá en decisiones municipales y en la disposición del sector desarrollador.

Iniciativa para liberar a municipios

Uno de los anuncios centrales fue el envío de una iniciativa al Congreso local para facultar a los ayuntamientos a condonar entre el 10% y el 100% de los permisos de construcción en vivienda social.

La propuesta busca proteger a los municipios de observaciones de la Auditoría, al tiempo que abre la puerta a esquemas de negociación con desarrolladores, donde obras de infraestructura puedan ser consideradas como pago en especie.

La medida reconoce una tensión histórica: los municipios necesitan ingresos, pero también infraestructura y vivienda accesible.

Agua, infraestructura y reglas claras

En el frente hídrico, el acuerdo con el SIAPA plantea que las inversiones privadas en infraestructura de agua sean reconocidas como parte del pago de derechos.

La intención es evitar sobrecostos y prácticas que encarecen los proyectos, al exigir obras adicionales que no siempre corresponden a la magnitud del desarrollo.

Se anunció la instalación de una mesa técnica para afinar estos criterios, en coordinación con la industria.

Ordenar el territorio para abaratar la ciudad

Más allá de los incentivos económicos, el gobierno estatal planteó revisar el modelo de crecimiento urbano a través del IMEPLAN y los municipios.

La apuesta: incrementar densidades en zonas estratégicas y permitir edificaciones de hasta cinco niveles sin elevador, lo que reduciría costos de construcción y permitiría un mejor aprovechamiento del suelo.

Además, se identificaron alrededor de 35 hectáreas de reserva estatal que podrían incorporarse como fondo para adquisición de tierra, aunque el propio Lemus reconoció que esta superficie es insuficiente frente a la magnitud del problema.

Una responsabilidad compartida

El mensaje final fue claro: el modelo de vivienda social ya no puede sostenerse bajo esquemas de rentabilidad tradicional.

El gobernador pidió a los desarrolladores reducir márgenes de ganancia y ampliar su cobertura más allá de la zona metropolitana, llevando proyectos a los 125 municipios del estado.

Ejemplos como Acatic y Lagos de Moreno, donde la demanda superó la oferta en cuestión de días, fueron citados como evidencia de un mercado que existe, pero que necesita condiciones distintas para florecer.

En Jalisco, la vivienda dejó de ser solo un bien: es un desafío estructural que exige acuerdos reales en una ciudad que ya no puede crecer al margen de su propia gente.