Sin perito médico, justicia se encarece y se aleja en Misantla

Víctimas deben trasladarse hasta Martínez de la Torre para certificar lesiones, elevando costos y retrasando procesos

Por Arquímedes González

Misantla, Ver., a 25 de abril de 2026.- La ausencia de un médico legista en Misantla, con al menos cuatro años sin cubrirse, obliga a víctimas de delitos a salir del municipio para obtener dictámenes clave en sus carpetas de investigación. El problema no solo retrasa la justicia, también la encarece y profundiza el desgaste físico y emocional de quienes ya enfrentan una situación de violencia.

Una carencia que impacta directamente en la justicia

En una cabecera distrital que debería garantizar acceso inmediato a la procuración de justicia, la falta de un perito médico se ha convertido en un obstáculo estructural. Así lo señaló el licenciado Jorge Alberto Parra Hernández, quien expuso que desde hace aproximadamente cuatro años no se cuenta con un especialista encargado de valorar lesiones en víctimas de delitos.

Este vacío institucional implica que personas provenientes no solo de Misantla, sino de municipios como Colipa, Yecuatla, Tenochtitlán, Vega de la Torre y Juchique de Ferrer, tengan que trasladarse hasta Martínez de la Torre para obtener un dictamen médico, documento indispensable para integrar adecuadamente una carpeta de investigación.

“La clasificación de lesiones no es un trámite menor; es la base para determinar la gravedad del delito y fincar responsabilidades”, explicó.

El costo de buscar justicia

Más allá del trámite, el problema adquiere un rostro económico. De acuerdo con el abogado, el traslado representa un gasto mínimo de alrededor de 220 pesos para una persona que vive en la cabecera municipal, sin considerar alimentación u otros gastos adicionales.

La cifra se incrementa considerablemente para quienes provienen de comunidades alejadas, donde el acceso al transporte es más limitado y costoso.

Este escenario, subrayó, no solo retrasa el proceso judicial, sino que profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia, afectando especialmente a quienes tienen menos recursos.

Revictimización institucional

El impacto no es únicamente económico. Parra Hernández advirtió que esta situación genera un proceso de revictimización: personas que ya han sufrido una agresión deben enfrentar largas distancias, gastos imprevistos y demoras para poder continuar con su denuncia.

“El sistema debería acercar la justicia, no alejarla. Hoy ocurre lo contrario”, afirmó.

El problema se agrava en casos delicados, como delitos sexuales o lesiones graves, donde la valoración médica oportuna es fundamental tanto para la atención de la víctima como para la integración legal del caso.

Un llamado urgente a las autoridades

El litigante hizo un llamado directo a las autoridades de la Fiscalía General del Estado para que se atienda esta necesidad prioritaria en Misantla, sede de la Unidad de Procuración de Justicia del noveno distrito judicial.

Aunque reconoció que las autoridades estatales no son ajenas a la problemática, lamentó que hasta el momento no se haya concretado la asignación de un médico legista en la zona.

“La justicia debe ser pronta y expedita, pero en estas condiciones se vuelve tardía y desigual”, concluyó.

La ausencia de un perito médico no es solo una carencia administrativa: es una barrera silenciosa que condiciona el acceso a la justicia y pone en evidencia las brechas que aún persisten en el sistema judicial local.