“No pedimos privilegios, exigimos derechos”: desde San Lázaro impulsan cuota laboral para personas con discapacidad
Diputada Mónica Herrera Villavicencio presenta reforma que obligaría a empresas a contratar al menos 5% de personal con discapacidad
Por Arquímedes González
México, a 14 de abril de 2026.- Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora Mónica Herrera Villavicencio presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad en empresas con más de 50 trabajadores.
La propuesta, sustentada en datos y experiencia personal, plantea un cambio estructural en el acceso al empleo en México.
Desde la tribuna: una voz que interpela al sistema
En una intervención cargada de contenido social y político, la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, integrante del grupo parlamentario de Morena, tomó la palabra en San Lázaro para presentar una iniciativa que pone en el centro a millones de mexicanos históricamente excluidos.
Antes de exponer su propuesta, la legisladora envió un mensaje de reconocimiento a la gobernadora de Veracruz, destacando el trabajo realizado en su entidad, para después entrar de lleno en un tema que, dijo, no es ajeno a su vida personal.
“Hoy no solo hablo como legisladora, hablo como una mujer con discapacidad que ha vivido en carne propia lo que significa que te cierren una puerta por prejuicios”, expresó.
Su discurso, más que técnico, fue un posicionamiento que evidenció las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en el país.
La iniciativa: reformar la ley para obligar la inclusión
La propuesta presentada contempla adicionar una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer que todas las empresas con más de 50 trabajadores contraten como mínimo un 5% de personas con discapacidad.
Se trata de una medida que busca pasar del discurso a la acción, obligando a las empresas a abrir espacios laborales que históricamente han sido limitados por prejuicios sociales y falta de políticas efectivas.
“No se trata de caridad ni de concesiones, se trata de garantizar derechos”, enfatizó.
Datos que exhiben la desigualdad
Durante su exposición, la diputada presentó cifras que reflejan la magnitud de la exclusión:
• Solo 38% de ellas participa en el mercado laboral
• En contraste, el 65% de personas sin discapacidad tiene acceso al empleo
• De quienes trabajan, cerca del 70% lo hace en la informalidad
• Sus ingresos pueden ser hasta 30% menores
Estos datos, señaló, evidencian que seis de cada diez personas con discapacidad están fuera de la actividad económica formal.
Ejemplos que demuestran que sí es posible
La legisladora también destacó que existen empresas que han implementado programas de inclusión laboral con resultados positivos, mencionando casos tanto nacionales como internacionales.
Además, hizo referencia a modelos de países como Alemania y España, donde la implementación de cuotas laborales obligatorias ha permitido elevar la participación de personas con discapacidad a más del 50%.
“Cuando el Estado actúa, la inclusión deja de ser un ideal y se convierte en una realidad medible”, sostuvo.
Más allá de la discapacidad: el problema es estructural
En uno de los momentos más significativos de su intervención, Herrera Villavicencio planteó una reflexión que trascendió lo legal:
“La discapacidad no está solo en nuestros cuerpos, está en las barreras, en los prejuicios y en los espacios que no han sido pensados para nosotros”.
Con esta afirmación, dejó claro que el problema no radica en las personas, sino en un sistema que no ha sido diseñado para incluirlas.
Un llamado a decidir de qué lado está la historia
La diputada cerró su intervención con un llamado directo a sus compañeros legisladores, invitándolos a respaldar la iniciativa no solo como un acto político, sino como una decisión ética.
“Esta iniciativa no le quita nada a nadie, pero le abre la puerta a millones”, expresó.
Asimismo, recordó que la discapacidad no es una condición ajena, sino una realidad que puede formar parte de la vida de cualquier persona.
Inclusión como política pública
La iniciativa se inserta en un contexto donde la inclusión comienza a posicionarse como una agenda prioritaria, pero aún con grandes rezagos en su implementación.
El reto no solo será aprobar la reforma, sino garantizar su cumplimiento en un entorno laboral donde la discriminación suele operar de forma silenciosa.
La propuesta no solo abre un debate legislativo, sino también social: si el país está listo para transformar la inclusión en una obligación y no en una excepción.
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