Investigación internacional revela compras irregulares de fármacos oncológicos en hospitales públicos
México, a 14 de abril de 2026.- Luego de que una investigación internacional revelara la presunta compra de medicamentos oncológicos falsificados en México, la Secretaría de Salud afirmó que los fármacos del sector público son seguros. El caso, centrado en el uso de Keytruda, ha encendido el debate sobre los controles sanitarios y la transparencia en adquisiciones.
El origen del caso: una investigación internacional
El debate se encendió tras la publicación de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participaron más de 120 periodistas de 37 países.
El reportaje documenta cómo instituciones públicas mexicanas habrían adquirido medicamentos oncológicos falsificados, particularmente el fármaco conocido como Keytruda (pembrolizumab), utilizado en tratamientos contra diversos tipos de cáncer.
Según el informe, algunos pacientes habrían presentado efectos adversos tras recibir estos medicamentos, e incluso se menciona al menos un fallecimiento vinculado al caso.
La respuesta oficial: “los medicamentos son seguros”
Ante la magnitud de las acusaciones, la Secretaría de Salud emitió un posicionamiento contundente: los medicamentos utilizados en el sector público cumplen con estándares de seguridad, calidad y eficacia.
La dependencia aseguró que existe vigilancia permanente a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual supervisa toda la cadena de suministro.
Asimismo, señaló que en el caso específico del pembrolizumab, se han emitido alertas oportunas ante posibles falsificaciones, activando mecanismos de control y retiro de productos.
Hospitales bajo la lupa: compras y distribución
La investigación del ICIJ apunta a diversas irregularidades en el manejo del medicamento.
Entre los hallazgos destacan:
Incrementos en compras sin estimación clara de pacientes
Adquisiciones a sobreprecio en algunas instituciones
Casos donde se administraron medicamentos presuntamente falsificados
Incluso, se menciona que pacientes tuvieron que recurrir a amparos para acceder a tratamientos, mientras otros asumieron costos elevados para continuar con su atención.
El caso clínico: señales de alerta en Yucatán
Uno de los episodios más sensibles ocurrió en Yucatán, donde un paciente reportó síntomas graves —dolor generalizado, náuseas, vómito y cefalea— tras recibir un medicamento presuntamente falsificado.
La Secretaría de Salud informó que, tras detectarse el caso, se suspendió el uso del producto, se notificó a las autoridades correspondientes y se brindó atención médica inmediata.
Este episodio se convirtió en un punto clave para reforzar los mecanismos de vigilancia.
Defensa institucional: compras dentro de la ley
Respecto a las adquisiciones, la dependencia federal aseguró que instituciones como el ISSSTE realizaron compras conforme a la normatividad vigente, incluyendo validaciones sanitarias y parámetros de mercado.
Indicó además que los precios se mantuvieron dentro de los márgenes permitidos por la Ley de Adquisiciones, y que posteriormente se reforzaron los controles de calidad y verificación con fabricantes.
Disponibilidad y farmacovigilancia
En medio de la polémica, la Secretaría de Salud destacó un aumento en la disponibilidad del medicamento en instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), donde el suministro pasó de poco más de dos mil piezas en 2024 a más de tres mil en 2025.
Además, reiteró que México cuenta con un sistema de farmacovigilancia que permite detectar riesgos y actuar de forma inmediata para proteger a los pacientes.
Confianza en juego
El caso pone sobre la mesa un tema sensible: la confianza en el sistema de salud pública.
Mientras la investigación periodística expone posibles fallas en la cadena de suministro, la respuesta oficial busca contener la preocupación social y reafirmar la seguridad de los tratamientos.
En este punto, más que un debate técnico, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger la salud de millones de mexicanos.
En medio de la controversia, el sistema de salud enfrenta una prueba crucial: demostrar que, más allá de los señalamientos, la seguridad del paciente sigue siendo una prioridad incuestionable.
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