La medida redefine el delito y fortalece la atención integral para mujeres, niñas, niños y adolescentes
Veracruz, a 6 de marzo de 2026.- Con una votación unánime de 43 legisladores, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de endurecer las sanciones por delitos sexuales, redefinir el concepto de abuso sexual y garantizar una mayor protección a las vÃctimas, particularmente a menores de edad.
Reforma penal: una respuesta ante la violencia sexual
En una decisión que busca reforzar la protección de la libertad y la seguridad sexual de la población, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó una serie de modificaciones legales que incrementan las penas contra el delito de abuso sexual y otros ilÃcitos relacionados.
El dictamen fue avalado con 43 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, lo que reflejó consenso entre las fuerzas polÃticas representadas en el Poder Legislativo.
La propuesta legislativa deriva de iniciativas presentadas por la diputada Dorheny GarcÃa Cayetano y por integrantes del Grupo Legislativo de Morena, las cuales fueron analizadas y dictaminadas por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género.
El objetivo central de la reforma es fortalecer el marco jurÃdico estatal para proteger de manera más efectiva a las vÃctimas de delitos sexuales, poniendo especial énfasis en la defensa de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Redefinición del delito de abuso sexual
Uno de los cambios más relevantes es la redefinición del delito de abuso sexual, con el propósito de ampliar su alcance y cerrar vacÃos legales que dificultaban la sanción de los agresores.
De acuerdo con la nueva disposición legal, comete abuso sexual quien sin consentimiento de la vÃctima y sin intención de llegar a la cópula realice actos de naturaleza sexual, ya sea en espacios públicos o privados.
La conducta también incluye obligar a la vÃctima a observar dichos actos o a ejecutarlos sobre sà misma, para un tercero o para el propio agresor.
Con esta redefinición, el Congreso busca dar mayor claridad jurÃdica al delito y facilitar su persecución, garantizando que los hechos no queden impunes.
Aumento de penas y persecución de oficio
La reforma establece que quien cometa el delito de abuso sexual recibirá una pena de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa que va de 250 a 550 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, el delito se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar una investigación sin necesidad de que exista una denuncia directa de la vÃctima.
El dictamen también contempla agravantes que podrÃan incrementar la sanción hasta en una tercera parte, dependiendo de las circunstancias en que se cometa el delito.
Reparación del daño y atención a las vÃctimas
Otro aspecto relevante de la reforma es la incorporación de medidas de reparación del daño con enfoque en la recuperación integral de las vÃctimas.
El agresor estará obligado a cubrir los gastos de atención psicológica necesarios hasta la recuperación total de la vÃctima, sin que ello sustituya otras medidas de reparación contempladas en la legislación vigente.
Esta disposición busca reconocer que los delitos sexuales no solo generan daños fÃsicos, sino también profundas afectaciones emocionales y psicológicas, por lo que el acompañamiento profesional resulta indispensable.
Sanciones también para el acoso sexual
La actualización del marco penal también contempla modificaciones al delito de acoso sexual, estableciendo penas que van de un año y ocho meses a cuatro años de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 500 UMAs.
Con este ajuste, el Congreso busca fortalecer la prevención y sanción de conductas que vulneran la dignidad y seguridad de las personas, particularmente en entornos laborales, educativos o sociales.
Veracruz apuesta por una polÃtica de mayor rigor
Con estas reformas, Veracruz se suma a las entidades que han optado por endurecer su legislación para combatir los delitos sexuales, privilegiando la protección de las vÃctimas y reduciendo las posibilidades de que los agresores accedan a mecanismos alternativos o beneficios preliberacionales.
La actualización legal representa un paso dentro de la agenda legislativa enfocada en garantizar entornos más seguros y en fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia sexual, un fenómeno que continúa siendo uno de los retos más sensibles para la justicia y la sociedad.
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