Juez concede arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora tras más de tres años en prisión
Organismos internacionales han señalado el caso como un intento de silenciar investigaciones sobre corrupción
Guatemala, a 12 de febrero de 2026.- Un juez de Guatemala otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, detenido desde 2022 por delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos. La decisión ocurre tras fuertes cuestionamientos de la comunidad internacional, que considera el proceso un acto de represalia por sus investigaciones sobre corrupción en el gobierno anterior.
Una resolución que cambia el curso del caso
Después de mil 290 días en prisión, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora obtuvo este jueves el beneficio de arresto domiciliario, en una decisión judicial que marca un giro relevante en uno de los procesos más controvertidos de la región.
El juez Maximino Morales determinó que Zamora podrá permanecer en su domicilio sin vigilancia, luego de escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia celebrada en el edificio de tribunales de la capital guatemalteca.
“Se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna”, expresó el juzgador al anunciar la resolución.
Un caso bajo la lupa internacional
Zamora, de 69 años y fundador del extinto diario El Periódico, fue detenido en 2022 bajo acusaciones de lavado de dinero y falsificación de documentos. Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos, asociaciones de prensa y gobiernos extranjeros han cuestionado la legitimidad del proceso.
Diversas voces han sostenido que el caso constituye un montaje judicial destinado a silenciar al periodista por sus investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante el anterior gobierno de derecha en Guatemala.
La clausura de El Periódico, medio reconocido por sus reportajes críticos, fue interpretada por sectores de la sociedad civil como un golpe significativo a la libertad de prensa en el país.
Libertad de prensa en tensión
El arresto domiciliario no implica la absolución de Zamora ni el cierre definitivo de los procesos en su contra, pero representa una señal relevante en medio de un clima de tensión entre el sistema judicial y la prensa independiente.
El caso se convirtió en símbolo del debate regional sobre el uso de herramientas legales para presionar o inhibir el periodismo crítico. Organizaciones internacionales han advertido que la criminalización de periodistas puede generar un efecto inhibidor que debilita la democracia.
La resolución judicial, aunque limitada, podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la necesidad de revisar la proporcionalidad de las medidas cautelares aplicadas.




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