Homicidios marcan crisis de violencia en Colima y golpean también a mujeres

Caso reciente de doble feminicidio evidencia impacto social y familiar de la violencia

Colima, a 3 de febrero de 2026.- Colima atraviesa una de las crisis de violencia más severas del país, con los homicidios posicionados como la principal causa de muerte en hombres y entre las cinco primeras en mujeres. Datos del Inegi revelan que la entidad encabeza las tasas nacionales de asesinatos, mientras que un reciente doble feminicidio vinculado a familiares de figuras públicas ha reavivado la preocupación social y política sobre la inseguridad en el estado.

Colima, foco rojo en mortalidad violenta

Los homicidios se han convertido en un lastre estructural para Colima. De acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 los asesinatos fueron la principal causa de muerte en hombres en la entidad, un dato que refleja el nivel crítico de violencia que se vive.

Pero la situación no se limita a la población masculina. Para las mujeres colimenses, los homicidios se ubicaron en el quinto lugar entre las causas de defunción, convirtiendo a Colima en el único estado del país donde este tipo de violencia aparece entre las principales causas de muerte femenina.

Al analizar por grupos de edad, la preocupación crece: a nivel nacional, para mujeres de entre 15 y 34 años, el homicidio ya es la segunda causa de muerte, lo que evidencia un fenómeno que trasciende fronteras estatales, pero que en Colima adquiere dimensiones más agudas.

Las cifras detrás de la tragedia

El panorama estadístico confirma la gravedad del problema. En 2024:

Colima fue el primer lugar nacional en tasa de homicidios, con 121.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Registró 814 defunciones por cada 100 mil habitantes, ubicándose como el segundo estado con mayor tasa de mortalidad general.

690 personas residentes en el estado murieron víctimas de homicidio, de las cuales 100 eran mujeres.

Paradójicamente, mientras otras entidades enfrentan principalmente enfermedades crónico-degenerativas como causa principal de muerte, en Colima la violencia supera incluso padecimientos como la diabetes o algunos tipos de cáncer en su impacto estadístico.

Este contraste ilustra una realidad donde la inseguridad no es un fenómeno aislado, sino un factor que incide directamente en la esperanza y calidad de vida de la población.

Un caso que sacudió al estado

La crudeza de las cifras se materializó recientemente en un hecho que conmocionó a la opinión pública. La madrugada del sábado pasado fueron asesinadas a balazos María Eugenia Delgado, de 72 años, y su hija Sheila Amezcua, de 49, en su domicilio en la capital del estado.

Ambas eran familiares del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, y del diputado federal del Partido Verde, Felipe Delgado. Las autoridades informaron que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

Horas después, tres presuntos responsables fueron abatidos en un supuesto enfrentamiento con fuerzas de seguridad que realizaban labores relacionadas con la investigación. El hecho generó reacciones de indignación y dolor.

“Profunda consternación, indignación y tristeza”, expresó públicamente el funcionario federal al referirse al asesinato de su tía y su prima.

Más allá de los vínculos políticos, el caso volvió a evidenciar que la violencia en Colima no distingue edades, contextos ni perfiles sociales.

Interpretación: violencia que erosiona el tejido social

La persistencia de homicidios como causa principal de muerte revela que en Colima la violencia ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un problema estructural de salud pública y seguridad.

Cuando los asesinatos compiten —y superan— a enfermedades como causa de muerte, se altera la percepción de riesgo cotidiano, se debilita la confianza institucional y se fractura el tejido social. Las familias viven bajo una incertidumbre constante, y la juventud, especialmente las mujeres jóvenes, aparece cada vez más expuesta.

Especialistas han advertido que revertir esta tendencia requiere no solo acciones policiacas, sino políticas integrales de prevención, reconstrucción comunitaria, atención a víctimas y fortalecimiento institucional.