FGR va por nueva acusación contra Javier Duarte por presunto desvío de recursos para personas con discapacidad

La Fiscalía señala tácticas dilatorias y advierte que, de no presentarse la defensa, se le asignará un abogado público

México, a 10 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) prepara una nueva acusación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad en 2012. La audiencia inicial de imputación, programada en el Reclusorio Norte, fue aplazada por tercera ocasión. Mientras la defensa alegó causas médicas, la FGR sostuvo que se trata de una estrategia para retrasar el proceso judicial.

Nueva imputación por peculado

La FGR busca imputar a Javier Duarte por el delito de peculado, al señalar que durante su administración como gobernador de Veracruz se habrían desviado recursos públicos etiquetados para apoyo a personas con discapacidad.

De acuerdo con la acusación, los hechos se remontan a 2012, cuando presuntamente se sustrajeron 5 millones de pesos de un programa con fines sociales. Este delito, según la legislación aplicable, podría alcanzar una penalidad máxima de 14 años de prisión, en caso de que se acredite la responsabilidad penal.

La nueva causa se suma al historial judicial que enfrenta el exmandatario, quien ya cumple una condena por otros delitos federales.

Audiencia aplazada por tercera vez

Este lunes se tenía prevista la audiencia inicial de imputación en los juzgados federales del Reclusorio Norte. Sin embargo, la diligencia fue diferida para el jueves 12 de febrero de 2026, luego de que los abogados defensores no se presentaran.

Durante la sesión, Duarte solicitó el uso de la palabra para informar al juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, que sus dos abogados principales —quienes han llevado su defensa durante una década— se encontraban hospitalizados por distintos motivos. Por ello, pidió posponer la audiencia, pese a que contaba con un defensor de oficio presente en la sala.

La postura de la Fiscalía

La FGR se opuso al aplazamiento y argumentó que se trata de una táctica dilatoria, ya que esta es la tercera vez que la audiencia se difiere. Según la Fiscalía, una primera reprogramación ocurrió en noviembre de 2025 y la segunda en enero de 2026.

Ante este escenario, las autoridades judiciales advirtieron que, si en la próxima fecha la defensa particular no comparece, se designará formalmente un abogado público para garantizar que la audiencia se lleve a cabo y la FGR pueda formular la imputación.

Este punto refleja la tensión entre el derecho a una defensa adecuada y la obligación del sistema judicial de evitar retrasos injustificados en los procesos penales.

Un proceso que se suma a su historial judicial

La nueva acusación se da mientras Duarte continúa en prisión por una sentencia previa de nueve años, dictada por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. El exgobernador fue detenido en Guatemala y posteriormente extraditado a México.

Se prevé que en abril de 2026 cumpla dicha condena; sin embargo, los nuevos procesos abiertos podrían extender su permanencia en prisión en caso de que se dicten sentencias adicionales.

Más allá del caso individual, el proceso mantiene vigente el debate público sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios y el destino de recursos públicos destinados a sectores vulnerables.

El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de recursos sociales y el avance de los procesos judiciales contra figuras políticas de alto perfil.