México, a 12 de febrero de 2026.- Un juez federal impuso prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en una nueva causa penal por presunto peculado. La decisión complica su eventual salida prevista para abril. La Fiscalía General de la República lo acusa de desviar cinco millones de pesos entre 2012 y 2014, mientras que la defensa sostiene que existe una intención política para impedir su liberación.
Una nueva causa que frena su salida
La situación jurídica del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, volvió a tensarse luego de que un juez federal le dictara prisión preventiva justificada por una nueva acusación de peculado.
La resolución se dio tras una audiencia que se prolongó por casi siete horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) expuso los elementos de la investigación. Con esta medida cautelar, se complica la posibilidad de que Duarte abandone la prisión el próximo 15 de abril, como se había previsto en función de procesos anteriores.
La decisión judicial no implica aún una sentencia, pero sí garantiza que el exmandatario permanezca en reclusión mientras avanza el proceso penal.
El argumento del riesgo de fuga
Durante la audiencia, Duarte sostuvo que la FGR busca impedir su salida a toda costa y que el caso ha adquirido tintes políticos. Según su versión, las autoridades federales estarían impulsando nuevas imputaciones para evitar su excarcelación.
Sin embargo, el juez determinó que existía un riesgo procesal suficiente para imponer la prisión preventiva justificada, al considerar como antecedente relevante la fuga ocurrida en 2016, cuando Duarte abandonó el país y fue detenido meses después en Guatemala.
Para el juzgador, ese episodio constituye un elemento objetivo que justifica la medida cautelar, más allá de las valoraciones políticas que pueda hacer la defensa.
El presunto desvío de recursos
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2012 y 2014, durante su administración al frente del gobierno de Veracruz, se habrían desviado recursos públicos destinados a un fondo dirigido a personas en situación vulnerable.
La FGR detalló que, a través de tres cuentas bancarias distintas, funcionarios de ese gobierno habrían ocultado el destino de cinco millones de pesos. Estos movimientos financieros forman parte de la investigación que sustenta la nueva acusación de peculado.
El caso revive uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente de Veracruz, marcado por múltiples señalamientos de corrupción durante el sexenio duartista.
La estrategia de la defensa
La defensa del exgobernador solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que implica ampliar el plazo legal para que el juez determine si vincula o no a proceso penal a Duarte por este nuevo caso.
Será el próximo 17 de febrero cuando se defina su situación jurídica en esta causa específica. Mientras tanto, la prisión preventiva justificada se mantiene vigente.
En términos políticos y judiciales, el caso refleja cómo los procesos por corrupción de alto perfil continúan teniendo repercusiones años después de los hechos imputados, y cómo cada nueva acusación puede modificar el horizonte legal de los involucrados.
Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Javier Duarte de Ochoa por una nueva acusación de peculado relacionada con el presunto desvío de cinco millones de pesos entre 2012 y 2014. La medida complica su eventual salida de prisión prevista para el 15 de abril. La audiencia de vinculación a proceso se definirá el próximo 17 de febrero, tras la solicitud de duplicidad del término constitucional presentada por su defensa.

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