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Denuncia contra presunta red de fraudes inmobiliarios en Veracruz; Gobierno intensifica acciones

Revisiones en notarías y controles registrales buscan frenar fraudes y despojos denunciados en Xalapa y otras zonas
Veracruz, a 5 de febrero de 2026.- La Secretaría de Gobierno de Veracruz presentó una denuncia penal contra un trabajador por uso indebido de sellos oficiales y detectó un intento de apropiación irregular de 500 hectáreas en Perote, en el marco de la investigación del llamado “cártel inmobiliario”. Autoridades anunciaron la revisión sistemática de notarías y registros para fortalecer controles y prevenir fraudes y despojos, especialmente en contra de personas vulnerables.

Un foco de alerta: fraudes y despojos bajo la lupa

La Secretaría de Gobierno de Veracruz anunció que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes por el uso indebido de sellos oficiales por parte de un trabajador, en el contexto de una investigación más amplia sobre la operación de una presunta red de fraudes inmobiliarios, conocida popularmente como el “cártel inmobiliario”.

El titular de la dependencia, Ricardo Ahued Bardahuil, explicó que esta acción forma parte de una estrategia estatal para frenar actos irregulares en trámites registrales y notariales, que han generado múltiples señalamientos, particularmente en la ciudad de Xalapa y zonas aledañas.

“El uso indebido de sellos es inaceptable y por ello ya presentamos la denuncia. No vamos a tolerar conductas irregulares dentro del propio gobierno”, expresó Ahued Bardahuil, subrayando que no habrá impunidad para quienes cometan actos fuera de la legalidad.

Revisión integral de notarías y registros públicos

Como parte de las medidas implementadas, la Secretaría de Gobierno inició revisiones exhaustivas en las notarías del estado, en coordinación con el Colegio de Notarios, con la finalidad de detectar posibles irregularidades en la validez y ejecución de actos notariales y registrales.

Ahued detalló que estas revisiones comenzaron desde esta semana y que los notarios han colaborado para fortalecer la transparencia de los procesos. Indicó que, tras asumir funciones, la dependencia retiró una notaría que se encontraba en abandono, y advirtió que ante nuevas irregularidades se procederá con suspensiones o procedimientos administrativos y legales.

“El caso de una notaría abandonada ya fue atendido. Si se detectan más anomalías, se aplicarán los procedimientos que marca la ley”, afirmó el funcionario.

500 hectáreas en Perote: un conflicto que inquieta

Como parte de las investigaciones, el secretario reveló que se ha identificado un intento de apropiación irregular de unas 500 hectáreas en la zona de Perote, un hecho que ya está siendo objeto de procesos legales.

“Hay quienes intentan quedarse con 500 hectáreas en Perote. Esto ya forma parte de procesos legales. No vamos a dar nombres, pero se han presentado las denuncias correspondientes”, declaró Ahued Bardahuil.

El funcionario comparó el caso con una exageración, señalando que estos actos pueden llevar a situaciones absurdas si no son atendidos, e insistió en que la ley debe prevalecer sobre cualquier lucro indebido.

Red de fraudes: más allá de notarías

Aunque el secretario dejó claro que no pretende señalar al gremio notarial ni al Poder Judicial en su conjunto, reconoció la existencia de una red de personas que aprovecha vacíos institucionales para cometer fraudes, especialmente en perjuicio de personas adultas mayores.

“Es un contubernio de defraudadores que se aprovechan de debilidades institucionales. No puedo hablar mal de todos los notarios, pero sí hay una red que debemos tener en cuenta, incluyendo abogados y pseudoabogados que, desde afuera, actúan de forma indebida”, explicó.

Esta apreciación reitera la importancia de una vigilancia constante de los procedimientos legales y registrales, así como de mecanismos de protección para quienes pueden ser objetivos de prácticas fraudulentas.

Controles, meritorios y contratos privados

En su intervención, el secretario también abordó otros puntos clave de la estrategia estatal:
Se revisa el Registro Público de la Propiedad, que genera más de 300 millones de pesos al año, con el objetivo de reforzar controles internos.
Se evalúa la figura de los llamados meritorios (más de 180 personas que apoyan en oficinas notariales para agilizar trámites), con miras a formalizar, reestructurar o supervisar sus funciones para evitar irregularidades.
Se prohibió a las notarías validar contratos privados que pudieran facilitar despojos, especialmente aquellos basados en documentos antiguos o de personas fallecidas.
“Se acabó eso de los contratos privados que permiten apropiaciones indebidas”, puntualizó Ahued Bardahuil.

Coordinación interinstitucional y próximos pasos

De manera paralela, la Secretaría de Gobierno ha reforzado la coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para revisar desalojos ordenados por jueces y detectar posibles anomalías antes de ejecutarlos, con la finalidad de garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

“Hemos instruido que cualquier desalojo que sea determinado por un juez se revise primero para detectar anomalías y atenderlas antes de proceder”, detalló el secretario.

El gobierno estatal refuerza su discurso de tolerancia cero ante actos fraudulentos y despojos, al tiempo que impulsa mecanismos de vigilancia, transparencia y control para proteger la integridad jurídica de la población y evitar que prácticas irregulares continúen afectando a comunidades y personas vulnerables.

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