Reformas por matrimonio igualitario reavivan el debate político y social en Chihuahua

El Congreso busca armonizar la ley estatal con criterios de la Suprema Corte

Chihuahua, a 19 de enero de 2026.- La discusión de reformas al Código Civil de Chihuahua para reconocer el matrimonio igualitario y armonizar la adopción bajo el principio de no discriminación ha detonado un nuevo capítulo de confrontación ideológica en la entidad. Mientras el Congreso estatal avanza en comisiones legislativas para adecuar la ley a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la plataforma conservadora Actívate manifestó su rechazo, calificando las iniciativas como un “ataque a la familia” y promoviendo una campaña ciudadana para frenar su aprobación.

Un debate que vuelve al centro de la agenda legislativa

Este lunes 19, la plataforma conservadora mexicana Actívate fijó postura contra las reformas que actualmente se analizan en el Congreso del Estado de Chihuahua, las cuales buscan reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y armonizar las disposiciones sobre adopción, conforme a los criterios constitucionales vigentes en el país.

Las iniciativas, que recientemente avanzaron en comisiones legislativas, pretenden adecuar el Código Civil local a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde 2015 declaró inconstitucional excluir a las parejas homosexuales de los derechos familiares, al vulnerar el principio de igualdad y no discriminación.

Actívate y su postura frente a las reformas

A través de un comunicado, la plataforma Actívate acusó que las reformas representan un “ataque a la institución de la familia” y llamó de manera directa a las y los legisladores a votar en contra de las modificaciones. Según la organización, los cambios legales “abren la puerta no solo al matrimonio igualitario, sino también a la adopción de niñas y niños por parte de parejas del mismo sexo”.

En ese contexto, la agrupación informó que, junto con sectores de la sociedad civil organizada, puso en marcha una campaña de recolección de firmas ciudadanas, con el objetivo de presionar al Congreso para frenar lo que consideran una vulneración a los derechos de la niñez.

El trasfondo legal: una armonización pendiente

Las reformas en discusión no surgen en un vacío jurídico. Desde 2015, la SCJN estableció que cualquier norma que limite el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer es inconstitucional, al violar los principios de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución.

A partir de ese criterio, la mayoría de las entidades federativas han reformado sus códigos civiles para reconocer explícitamente el matrimonio igualitario y regular la adopción bajo criterios de igualdad. Sin embargo, Chihuahua se mantiene entre los pocos estados que aún no han armonizado su legislación, junto con Guanajuato y Aguascalientes.

Una contradicción normativa en el estado

Aunque el Ejecutivo estatal permite desde hace años la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo mediante resoluciones judiciales y criterios administrativos, el Congreso local no ha modificado formalmente la ley para reconocer estos derechos de manera expresa.

Esta contradicción ha generado un escenario en el que los derechos pueden ejercerse en la práctica, pero no están plenamente garantizados en el marco legal, lo que, según especialistas, perpetúa la desigualdad y la inseguridad jurídica para las parejas del mismo sexo y sus familias.

Expectativa legislativa y polarización social

Hasta el momento, el Congreso de Chihuahua no ha fijado una fecha para la discusión de las iniciativas en el pleno, aunque el avance en comisiones indica que el tema podría llegar próximamente al debate legislativo.

El caso vuelve a evidenciar la polarización social y política en torno a los derechos sexuales y reproductivos en México, donde conviven posturas conservadoras que apelan a la defensa de un modelo tradicional de familia, frente a un marco constitucional que prioriza la igualdad de derechos y la no discriminación.

El debate en Chihuahua no solo pone a prueba la voluntad política del Congreso local, sino que también refleja el choque entre convicciones ideológicas y la obligación constitucional de garantizar derechos en condiciones de igualdad para todas las personas.