La propuesta busca sanciones más severas, incluso penales, para proteger a los municipios y a la ciudadanía
Veracruz, a 8 de enero de 2026.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra las irregularidades detectadas durante los procesos de entrega-recepción en los cambios de administración gubernamental, particularmente en los ayuntamientos. La diputada local Citlali Medellín Careaga sostuvo que en la reciente transición de gobiernos municipales se documentaron múltiples anomalías, las cuales han dejado a varios municipios en condiciones críticas. La propuesta plantea reforzar los mecanismos de control y castigar con mayor severidad a las autoridades salientes que incumplan la ley, priorizando la rendición de cuentas y la defensa del interés ciudadano.
Irregularidades recurrentes en los cambios de gobierno
Durante su exposición, la legisladora del PVEM señaló que los procesos de entrega-recepción se han convertido en uno de los momentos más vulnerables de la administración pública municipal. De acuerdo con su diagnóstico, en el cambio reciente de autoridades se detectaron omisiones, falta de documentación, manejo opaco de recursos y un incumplimiento generalizado del protocolo legal que regula la transferencia de responsabilidades entre gobiernos salientes y entrantes.
Citlali Medellín afirmó que estas prácticas no solo afectan la operatividad inmediata de los ayuntamientos, sino que comprometen la planeación financiera, los servicios públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.
Tamiahua, un ejemplo de una problemática más amplia
La diputada puso como ejemplo el caso de Tamiahua, municipio que —dijo— fue severamente afectado por la falta de ética y responsabilidad de autoridades salientes. Sin embargo, aclaró que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática extendida en distintos municipios del estado.
“Tamiahua no fue el único municipio que se vio severamente afectado por la falta de respeto y ética que hay de los alcaldes salientes. No tan solo dejan a los municipios en muy malas condiciones, sino que hacen abuso de poder y de autoridad, desconociendo totalmente lo que el protocolo de entrega-recepción marca”, expresó la legisladora.
Hacia sanciones más severas y castigos ejemplares
La iniciativa presentada por el PVEM busca establecer medidas más estrictas para quienes incumplan con la normatividad en la entrega de cuentas. Entre los objetivos centrales se encuentra fortalecer las facultades de las autoridades fiscalizadoras y asegurar que los responsables enfrenten consecuencias reales, que podrían ir desde sanciones administrativas y económicas hasta responsabilidades penales.
Citlali Medellín subrayó que la intención no es solo castigar, sino inhibir prácticas de abuso de poder que se han normalizado en algunos gobiernos municipales. “Esta propuesta es propiamente para crear medidas más severas y que sean juzgados y, si es posible, vayan a la cárcel por todo este tipo de abusos que hacen de autoridad y de falta de respeto también a sus ciudadanos”, sostuvo.
La ciudadanía, la principal afectada
Desde una lectura interpretativa, la diputada enfatizó que las irregularidades en la entrega-recepción no son un asunto meramente administrativo, sino un problema que impacta de manera directa a la población. La falta de información clara, recursos desaparecidos o proyectos inconclusos retrasa la atención de necesidades básicas y limita la capacidad de los nuevos gobiernos para responder a las demandas sociales.
“Al final del día, quienes se ven más afectados son los ciudadanos”, recalcó Medellín Careaga, al insistir en que la rendición de cuentas debe entenderse como un compromiso ético con la población y no solo como un requisito legal.
La iniciativa del grupo parlamentario del PVEM fue presentada en el Congreso local con el objetivo de reformar y fortalecer el marco legal que regula los procesos de entrega-recepción municipal. De avanzar en el debate legislativo, esta propuesta podría marcar un precedente en la exigencia de responsabilidad a las autoridades salientes y en la protección del patrimonio público. El análisis y discusión del proyecto continuará en comisiones, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se colocan nuevamente en el centro del debate público estatal.
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