El aumento permitido dejaría la tarifa del transporte en 13 pesos y descarta el alza a 15 pesos
San Luis Potosí, a 9 de enero de 2026.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de diciembre de 2025 y el acumulado anual, así como el nuevo valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) para 2026. Estos indicadores definen el porcentaje de incremento que tendrán multas, derechos y, en su caso, la tarifa del transporte público. En San Luis Potosí, la inflación anual de 3.69 % se convierte en el tope legal para cualquier ajuste tarifario.
Inflación de cierre y su impacto inmediato
De acuerdo con el INEGI, durante diciembre de 2025 el INPC alcanzó un nivel de 143.042 puntos, lo que representó un aumento mensual de 0.28 %. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.69 %, una cifra que, aunque moderada frente a años anteriores, tiene efectos directos en diversos rubros regulados por la ley.
El INPC mide el cambio promedio en los precios de una canasta básica de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares mexicanos, por lo que se ha convertido en un referente obligatorio para la actualización de tarifas, cuotas y sanciones en distintos niveles de gobierno.
Transporte público: el límite legal del aumento
En el caso del transporte público, la relevancia del INPC radica en lo que establece el artículo 93 de la Ley Estatal de Transporte, el cual señala que las tarifas deben ajustarse cada enero con base en la inflación acumulada del año inmediato anterior, conforme a lo publicado por el INEGI.
Con una inflación anual de 3.69 %, el ajuste máximo permitido sería de 0.46 pesos sobre la tarifa actual de 12.50 pesos. Al aplicar el redondeo en centavos que marca la ley, la tarifa quedaría en 13 pesos, siempre y cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorice el ajuste y se cumplan los requisitos de calidad del servicio.
Este cálculo deja sin sustento legal la solicitud de algunos concesionarios que han planteado elevar la tarifa hasta los 15 pesos, argumento que ha generado debate público ante las dificultades económicas del sector y las exigencias de mejorar el servicio.
La UMA y el encarecimiento de las sanciones
Otro dato clave presentado por el INEGI fue el nuevo valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) para 2026. A partir de este año, la UMA diaria pasa de 113.14 a 117.31 pesos, mientras que su valor mensual se establece en 3 mil 566.22 pesos.
La UMA es la referencia utilizada para calcular el monto de multas, sanciones administrativas y diversos pagos ante autoridades municipales, estatales y federales. Esto implica que infracciones de tránsito, recargos por permisos vencidos y otras faltas administrativas tendrán un incremento automático.
Un ejemplo claro es la multa por conducir en estado de ebriedad en San Luis Potosí, considerada una de las más altas en materia de tránsito. Esta sanción equivale a 240 UMAs: con el valor de 2025 representaba un pago de 27 mil 153 pesos con 60 centavos, mientras que con la actualización para 2026 asciende a 28 mil 154 pesos con 40 centavos.
Lectura social y económica de los ajustes
Más allá de los números, la actualización del INPC y la UMA refleja el impacto cotidiano de la inflación en la vida de la población. Para los usuarios del transporte público, el posible ajuste a 13 pesos supone un gasto adicional constante; para los automovilistas y contribuyentes, el incremento en multas y sanciones representa un mayor costo por incumplimientos.
Al mismo tiempo, estos indicadores evidencian el equilibrio que las autoridades deben mantener entre la necesidad de actualizar tarifas y sanciones y la obligación de garantizar servicios de calidad y condiciones económicas justas para la ciudadanía.
El INEGI publicó este jueves el INPC correspondiente a diciembre de 2025, que cerró con una inflación anual de 3.69 %, así como el nuevo valor de la UMA para 2026, fijado en 117.31 pesos diarios. Estos datos entran en vigor a partir de enero y serán la base para los ajustes legales en tarifas del transporte público, multas y diversos trámites administrativos en el país.
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