Hacinamiento penitenciario agrava crisis de derechos humanos en cárceles estatales

Chiapas, Morelos y Estado de México concentran los niveles más alarmantes de sobrepoblación

México, a 10 de enero de 2026.- La sobrepoblación en los centros penitenciarios de México continúa siendo uno de los problemas estructurales más graves del sistema de justicia. Mientras los penales estatales operan con un excedente de más de 37 mil internos, los centros federales aún cuentan con miles de espacios disponibles. Organismos de derechos humanos advierten que el hacinamiento vulnera la dignidad, la salud y la seguridad de las personas privadas de la libertad, además de obstaculizar la reinserción social.

Un sistema rebasado en los estados

La crisis de sobrepoblación penitenciaria en México se concentra, de manera predominante, en los centros administrados por los gobiernos estatales. De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, estos penales operan con un excedente de 37 mil 634 personas privadas de la libertad.

En contraste, los centros penitenciarios federales mantienen una disponibilidad de siete mil 816 espacios, lo que evidencia un desequilibrio en la distribución de la población penitenciaria y plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de traslado y administración del sistema carcelario a nivel nacional.

Los cuadernos de estadísticas penitenciarias revelan que 140 de las 276 cárceles del país presentan sobrepoblación, es decir, más de la mitad del sistema penitenciario mexicano opera por encima de su capacidad instalada.

Focos rojos: cárceles con sobrepoblación extrema

El problema no se distribuye de manera uniforme. Los niveles más alarmantes de sobrepoblación relativa —medida en porcentaje de exceso— se localizan en Chiapas, Morelos y el Estado de México, entidades donde el hacinamiento alcanza cifras críticas.

El caso más extremo es el Centro de Reinserción Social Número 7 Huixtla, en Chiapas, que registra una sobrepoblación del 510 por ciento, al albergar a 244 personas en instalaciones diseñadas únicamente para 40 internos. Esta situación convierte al penal en un ejemplo paradigmático de colapso institucional.

Le siguen el Centro de Readaptación Social Varonil de Jojutla, en Morelos, con un excedente del 421.97 por ciento, y los centros penitenciarios de El Oro y Jilotepec, en el Estado de México, ambos con una sobrepoblación superior al 387 por ciento.

Si se analiza el fenómeno en términos absolutos, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, también en el Estado de México, encabeza la lista con cuatro mil 360 internos excedentes, lo que refleja una presión constante sobre los servicios, la seguridad y la gobernabilidad del penal.

Otras entidades con cifras relevantes de sobrepoblación son Sonora y Chiapas, seguidas por cárceles en Nayarit y Durango, configurando un mapa nacional donde el problema se extiende más allá de casos aislados.

Prisión preventiva y abandono jurídico: el “efecto embudo”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido que la sobrepoblación penitenciaria es consecuencia directa de un abandono jurídico en el seguimiento de procesos y sentencias, lo que genera un “efecto embudo”: los ingresos a los centros superan con creces a los egresos.

Durante sus visitas de supervisión, el organismo ha documentado que el uso excesivo de la prisión preventiva y una política punitiva expansiva saturan espacios que deberían estar orientados a la reinserción social, no al castigo prolongado sin sentencia firme.

El más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria alerta sobre irregularidades graves en el sistema, entre ellas instalaciones insalubres, déficit de personal, carencias médicas y hacinamiento generalizado, condiciones que imposibilitan el cumplimiento del objetivo constitucional de reinserción social.

Impacto directo en derechos humanos y seguridad

La CNDH subraya que la sobrepoblación incide de manera directa en la vulneración de múltiples derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Al exceder la capacidad de los centros, se limitan servicios básicos como alimentación adecuada, atención médica, espacios de descanso, educación y actividades productivas.

Estas condiciones afectan la dignidad y calidad de vida de los internos y reducen de manera significativa sus posibilidades de reintegrarse de forma efectiva a la sociedad al cumplir su condena.

Entre los riesgos más severos se encuentran las afectaciones a la integridad física y psicológica de la población penitenciaria. El hacinamiento incrementa los riesgos sanitarios, facilita la propagación de enfermedades y dificulta el acceso oportuno a servicios de salud especializados.

Asimismo, la sobrepoblación debilita la seguridad interna y la gobernabilidad de los centros penitenciarios. Según datos del organismo, estas condiciones favorecen escenarios de violencia, autogobierno y conflictos constantes. Durante el periodo analizado, se registraron 182 incidentes que involucraron a 415 personas, siendo las riñas y los decesos por muerte natural los eventos más frecuentes.

Un debate legislativo que genera preocupación

En este contexto, la agenda legislativa de Morena para 2026 plantea una reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo extorsión, tráfico ilegal de precursores químicos, contrabando y falsificación de comprobantes fiscales.

Para especialistas y defensores de derechos humanos, esta propuesta podría profundizar la crisis de hacinamiento, al incrementar el número de personas encarceladas sin sentencia definitiva, sin que exista una estrategia paralela de fortalecimiento del sistema penitenciario o de alternativas a la prisión.

Datos que reflejan una urgencia nacional

Con más de 37 mil personas recluidas por encima de la capacidad en cárceles estatales, 140 centros penitenciarios saturados y niveles de sobrepoblación que superan el 500 por ciento en algunos casos, el sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis estructural que va más allá de cifras y estadísticas. Se trata de un problema que compromete derechos humanos, seguridad pública y la viabilidad misma de la reinserción social, en un momento clave para el debate legislativo y las políticas de justicia en el país.