Diputado justifica alza al pasaje, pero minimiza impacto en usuarios y críticas de la oposición

Sectores sociales y partidos opositores advierten que la medida carece de garantías claras para mejorar el servicio

Por Arquímedes González.

Misantla, Ver., a 29 de enero de 2026.- El diputado local Luis Vicente Aguilar Castillo respaldó el aumento en la tarifa del transporte público bajo el argumento de que permitirá renovar el parque vehicular y elevar la calidad del servicio. Sin embargo, su postura ha sido cuestionada por minimizar las críticas de la oposición y restar peso al impacto que el ajuste tendrá en la economía de miles de usuarios. El debate se centra ahora en la falta de compromisos verificables que aseguren que el alza se traduzca realmente en mejoras.

La defensa del incremento

El diputado Luis Vicente Aguilar Castillo se pronunció a favor del alza en la tarifa del transporte público, señalando que el objetivo principal es que los concesionarios puedan renovar sus unidades y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Desde su perspectiva, el aumento responde a una necesidad operativa del sector transportista, que enfrenta costos crecientes de mantenimiento, combustible y renovación vehicular. El legislador sostuvo que con mayores ingresos los transportistas estarán en condiciones de modernizar sus unidades y brindar mayor seguridad a los usuarios.

No obstante, su postura se centró principalmente en las necesidades del concesionario, dejando en segundo plano el impacto inmediato que la medida representa para quienes dependen del transporte a diario.

Una decisión impopular presentada como necesaria

Aguilar Castillo reconoció que se trata de una medida difícil, pero la enmarcó dentro de las decisiones que, dijo, deben tomarse para avanzar en la mejora de los servicios públicos. Hizo referencia a los programas sociales impulsados a nivel nacional y al aumento del salario mínimo como parte de un contexto de progreso económico.

Sin embargo, esta comparación ha sido vista por algunos sectores como insuficiente, ya que el alza al pasaje afecta de manera directa y cotidiana a estudiantes, trabajadores y familias que utilizan varias rutas al día, especialmente en zonas donde el transporte público es la única opción de movilidad.

Para muchos usuarios, el problema no es solo el monto del incremento, sino la incertidumbre de que realmente se traduzca en un servicio más seguro y eficiente.

Críticas de la oposición y falta de autocrítica

Uno de los puntos que más ha generado controversia es la forma en que el legislador desestimó las críticas de partidos opositores, particularmente de Movimiento Ciudadano, al señalar que se trata de señalamientos sin propuestas.

Esta postura ha sido interpretada por analistas como una evasión del debate de fondo. Más allá del origen político de las críticas, lo que diversos sectores plantean es la necesidad de reglas claras, supervisión y compromisos públicos que obliguen a los concesionarios a demostrar que el aumento sí se reflejará en unidades nuevas, mantenimiento adecuado y mejor trato a los usuarios.

Reducir el cuestionamiento a un tema partidista, advierten voces críticas, impide atender una preocupación legítima de la población: pagar más por el mismo servicio —o uno igual de deficiente— sería inaceptable.

El usuario, el gran ausente en el discurso

En la argumentación del diputado predominó la visión financiera del sistema de transporte, pero hubo poca referencia a mecanismos de protección para el usuario, como tarifas preferenciales, mejoras graduales condicionadas a resultados o esquemas de evaluación pública del servicio.

Especialistas en movilidad han señalado que cualquier ajuste tarifario debe ir acompañado de indicadores medibles: reducción de fallas mecánicas, unidades verificadas, capacitación a operadores y supervisión constante. Sin estos elementos, el aumento corre el riesgo de convertirse solo en un alivio económico para el concesionario, sin beneficios reales para la población.

Un debate que apenas comienza

El respaldo del diputado Luis Vicente Aguilar Castillo al aumento del pasaje deja clara la postura de un sector del poder legislativo que apuesta por fortalecer financieramente al transporte público. Sin embargo, la forma en que se ha minimizado la inconformidad social y las críticas de la oposición ha encendido un debate más amplio: el de la responsabilidad de garantizar que cada peso adicional que paguen los usuarios se refleje en seguridad, calidad y dignidad en el servicio.

La discusión ya no se centra solo en el costo del pasaje, sino en la exigencia ciudadana de resultados visibles y compromisos verificables.