La seguridad de los municipios queda temporalmente a cargo de fuerzas estatales y federales
Chiapas, a 6 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la detención de 156 policías municipales durante el fin de semana, como parte de una investigación de alto impacto relacionada con hechos violentos recientes. De este grupo, 11 elementos ya fueron judicializados, mientras que el resto quedó en libertad bajo reserva de ley. Las autoridades estatales y federales asumieron de manera provisional la seguridad en los municipios involucrados.
Operativo de gran escala en corporaciones municipales
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la detención de 156 elementos policiacos —101 hombres y 55 mujeres— pertenecientes a los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla. El operativo, realizado durante el fin de semana, forma parte de una investigación más amplia que busca esclarecer posibles vínculos entre servidores públicos y actividades delictivas en la región.
La información fue confirmada por el fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca, a través de un mensaje en video difundido en redes sociales oficiales, donde detalló el avance de las investigaciones y las acciones legales emprendidas.
Judicialización y delitos investigados
De acuerdo con el fiscal, tras concluir las indagatorias dentro del plazo legal, 11 de los policías detenidos fueron judicializados y presentados ante un juez para enfrentar cargos por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, una falta que implica el uso irregular de símbolos oficiales con fines ajenos a la función pública.
Llaven Abarca precisó que las investigaciones continúan abiertas, particularmente por el delito de halconeo, el cual recientemente fue reformado en la legislación estatal, incorporando agravantes que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión. “Vamos a continuar con la carpeta de investigación; se modificó el tipo penal y se endurecieron las sanciones”, señaló el fiscal, subrayando la gravedad de este ilícito.
Libertad bajo reserva de ley
Del total de los 156 policías detenidos, únicamente los 11 judicializados permanecerán sujetos al proceso penal en curso. El resto fue puesto en libertad bajo reserva de ley, lo que implica que podrán ser llamados nuevamente a declarar o a participar en actos adicionales de investigación conforme avance el caso.
Las autoridades aclararon que esta medida no implica exoneración, sino una disposición legal que permite continuar con las indagatorias sin mantenerlos en reclusión preventiva.
Seguridad bajo control estatal y federal
Ante la magnitud del operativo y la detención masiva de elementos municipales, la seguridad pública en Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla quedó de manera temporal bajo responsabilidad de la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Esta medida busca garantizar el orden, la continuidad de los servicios de seguridad y la tranquilidad de la población mientras se normaliza la situación institucional.
Contexto de violencia reciente
El fiscal general explicó que estas acciones se enmarcan dentro de las investigaciones derivadas de los incendios de dos bares ocurridos el pasado 27 de diciembre en el municipio de Villaflores, hechos en los que ocho personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales siete perdieron la vida. Este contexto ha encendido las alertas sobre posibles redes de complicidad y omisiones en corporaciones locales.
Un mensaje de depuración institucional
El caso representa uno de los operativos más contundentes contra cuerpos de seguridad municipal en Chiapas en los últimos años y envía un mensaje claro sobre la intención de depurar las corporaciones policiacas, fortalecer el estado de derecho y combatir la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.
Las detenciones se realizaron durante el fin de semana en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, Chiapas. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones y reiteró que no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la legalidad y la seguridad de la población.
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