Independencia, justicia penal y rezago en juzgados marcan los principales desafíos del Poder Judicial rumbo a 2026
México, a 6 de enero de 2026.- El año 2026 se perfila como un momento crucial para el futuro del Poder Judicial en México. Más allá del debate político que rodeó la reforma judicial, especialistas coinciden en que será el primer gran año en el que esta transformación será puesta a prueba en los hechos. La legitimidad social, la independencia frente al poder político, la eficacia en la justicia penal y la atención al rezago histórico en juzgados serán los indicadores reales con los que la ciudadanía y los actores jurídicos medirán su éxito o fracaso.
Un punto de inflexión para el Estado mexicano
Para Juan Francisco Aguilar Hernández, ex diputado local y socio director de AVK Firma Legal, 2026 no será un año más en la vida institucional del país. Representa, dijo, un punto de inflexión en el que la reforma judicial dejará de ser promesa y discurso para convertirse en una realidad evaluable. La discusión, subrayó, ya no debe centrarse en si la reforma era necesaria, sino en qué se espera de ella frente a los retos concretos que enfrentará el Estado mexicano.
El jurista advirtió que analizar la reforma judicial sin contexto es un error. En 2026 confluirán presiones políticas, sociales, económicas y de seguridad que exigirán un Poder Judicial fuerte, técnico y legítimo. Será en ese escenario complejo donde la reforma se someterá a su verdadera prueba.
Legitimidad social: la deuda histórica
Aguilar Hernández reconoció que la reforma nace de una verdad incómoda: el Poder Judicial perdió legitimidad social. Para amplios sectores de la población, acudir a tribunales sigue siendo sinónimo de desgaste, incertidumbre y desigualdad. Por ello, lo que se espera en 2026 no es solo un cambio estructural, sino una transformación tangible en la experiencia del ciudadano frente a la justicia.
“Si la reforma no logra reducir tiempos, simplificar procesos y hacer comprensibles las resoluciones, habrá fracasado, aunque se haya modificado la Constitución”, afirmó. En su análisis, la gente no evalúa la justicia por su diseño institucional, sino por la capacidad real de resolver conflictos de manera justa y oportuna.
Independencia judicial en tiempos de polarización
Uno de los retos más delicados será, a decir del especialista, preservar la independencia judicial en un entorno político altamente polarizado. Con un Ejecutivo fuerte y un Legislativo alineado, el Poder Judicial de la Federación se perfila como el último contrapeso efectivo del sistema democrático.
Aguilar Hernández fue enfático: la reforma no debe producir un Poder Judicial dócil ni uno opositor por sistema, sino jueces capaces de resistir presiones del poder político, económico o mediático. En 2026, los tribunales enfrentarán decisiones sensibles relacionadas con presupuestos, seguridad, derechos sociales, inversión privada y conflictos electorales locales. Actuar con temor o cálculo político, advirtió, debilitaría al Estado y erosionaría la democracia.
Justicia penal bajo la lupa
El sistema de justicia penal seguirá siendo uno de los principales focos de atención en 2026. Impunidad, carpetas de investigación mal integradas, abuso de la prisión preventiva y sentencias tardías continúan marcando la agenda nacional. Frente a ello, la expectativa es clara: jueces más preparados, responsables y con mayor valentía institucional.
“La reforma será puesta a prueba cuando los tribunales deban resolver casos de alto impacto sin ceder a la presión social ni a la narrativa oficial”, señaló Aguilar Hernández, quien advirtió que la justicia no puede convertirse ni en espectáculo ni en instrumento de legitimación política.
Carrera judicial y profesionalización real
Otro de los ejes clave será demostrar que la reforma rompió con prácticas históricas de nepotismo y simulación. El reto para 2026 será consolidar una carrera judicial auténtica, basada en mérito, evaluación constante y resultados medibles.
“El juez del futuro inmediato deberá ser técnico, ético y consciente de que su función es servir a la Constitución, no a un proyecto político ni a una élite judicial”, afirmó, al advertir que si la percepción ciudadana es que “todo cambió para que todo siga igual”, la reforma perderá credibilidad.
El especialista también alertó sobre el riesgo de confundir cercanía con populismo judicial. La sociedad demanda jueces accesibles, pero no jueces que fallen para ganar simpatías. La expectativa social, dijo, es razonable: sentencias claras, procesos justos y trato digno.
“La reforma será exitosa si humaniza la justicia sin sacrificar su rigor. La toga no debe ser un escudo de soberbia, pero tampoco un disfraz electoral”, apuntó.
Rezago y limitaciones estructurales
Desde el ámbito institucional, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Poder Judicial enfrenta un rezago importante en los juzgados, derivado de la saturación de expedientes. Para atender esta problemática, explicó, no se contempla la contratación de personal externo, sino una reorganización interna mediante procesos de promoción cerrados que permitan cubrir vacantes clave.
Zarazúa Martínez admitió que el incremento presupuestal aprobado para 2026 no resolverá por sí solo el rezago acumulado. Además, precisó que la aplicación de esos recursos quedará fuera del control de la actual presidencia, al pasar al nuevo órgano de administración derivado de la reforma judicial.
Presupuesto: un punto de partida, no la solución
Para el próximo ejercicio fiscal, el Poder Judicial contará con un presupuesto de 1 mil 371 millones 857 mil 396 pesos, lo que representa un aumento cercano a 21.8 millones de pesos respecto al año en curso. Aunque el incremento fue valorado de manera positiva, la magistrada presidenta reconoció que se trata apenas de un punto de partida frente a problemas estructurales de larga data.
Especialistas y autoridades coinciden en que 2026 será el “año de la verdad” para la reforma judicial. No se espera perfección, pero sí una dirección clara hacia un Poder Judicial más transparente, eficiente e independiente. Como advirtió Aguilar Hernández, la reforma no se legitimará en el texto constitucional, sino en cada sentencia justa dictada lejos de reflectores. Ahí, y solo ahí, se definirá su verdadero impacto en la vida democrática e institucional del país.
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