SIP alerta por tensión entre Gobierno mexicano y TV Azteca: preocupación por impacto en la libertad de prensa
La controversia por adeudos fiscales de más de 33 mil millones abre un frente político-mediático sin precedentes.
Estados Unidos, a 14 de noviembre de 2025.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su inquietud ante el creciente enfrentamiento entre el Gobierno de México y TV Azteca, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara fallos que afectan a empresas de Ricardo Salinas Pliego por adeudos fiscales millonarios. La organización advierte que el tono político y los señalamientos públicos pueden generar un ambiente adverso para la libertad informativa en el país.
Un conflicto que escala: fallo de la corte y reacciones políticas
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar los criterios fiscales en siete juicios de amparo promovidos por Ricardo Salinas Pliego marcó un nuevo episodio en la ya tensa relación entre sus empresas —Grupo Elektra y TV Azteca— y el Estado mexicano.
El fallo desestimó los últimos recursos para impugnar créditos fiscales con un monto original de 33 mil 477 millones de pesos, cifra que, según estimaciones de funcionarios federales, podría superar los 74 mil millones al sumar recargos y actualizaciones.
La resolución desató reacciones inmediatas. El empresario, uno de los más influyentes en el país, respondió: “No nos van a doblegar”, y anunció que acudirá a instancias internacionales, alegando falta de respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el cálculo final de sus créditos fiscales.
La preocupación de la SIP: un ambiente peligroso para los medios
Desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una advertencia que cimbró al gremio periodístico continental. Su presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa, Martha Ramos, afirmó que el conflicto ha estado acompañado de descalificaciones desde espacios oficiales, así como de llamados de actores políticos a revisar concesiones de medios.
Para la SIP, este ambiente puede derivar en “un entorno adverso para la operación informativa”, afectando la autonomía editorial y generando presiones indirectas que comprometan la libertad de expresión.
“Es fundamental que las diferencias legales entre el Estado y empresas mediáticas se procesen sin interferencias políticas ni discursos que inhiban el trabajo periodístico”, puntualizó Ramos.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, fue más lejos: “Existe el riesgo de que contiendas legales se utilicen para influir o limitar la cobertura informativa. Nuestro interés es que ningún conflicto termine afectando la operación de los medios”.
Un personaje en el centro del escenario: salinas pliego entre la política y la controversia
Ricardo Salinas Pliego no es una figura ajena al debate público. Sus constantes declaraciones, su presencia mediática y su capacidad de influencia política han generado posiciones encontradas. En los últimos meses ha arremetido contra la presidenta Claudia Sheinbaum y contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han insistido en que el empresario debe cumplir con sus obligaciones fiscales.
A este panorama se suma su reunión reciente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como sus insinuaciones sobre una posible incursión en la política mexicana, incluso como aspirante presidencial.
Analistas consideran que este ingrediente coloca el conflicto en un nivel de mayor sensibilidad, pues combina un litigio fiscal con un pulso político y mediático de alto impacto.
La interpretación del momento: Una encrucijada para el país y para el periodismo
El caso Salinas Pliego-SCJN-SAT se ha convertido en una especie de espejo nacional. De un lado, la exigencia ciudadana de que los grandes contribuyentes paguen sus adeudos. Del otro, la preocupación por que las disputas entre el Estado y empresas mediáticas terminen derivando en presiones indirectas, riesgos de censura y debilitamiento de la pluralidad informativa.
La postura de la SIP llega en un momento clave: México atraviesa un contexto donde la polarización pública, las tensiones entre poderes y los señalamientos hacia medios se han vuelto frecuentes. La organización pide prudencia, claridad legal y distancia de discursos que podrían escalar hacia un clima de hostilidad para periodistas y empresas informativas.
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