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Congreso de Perú avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez: dos denuncias constitucionales la colocan al borde del veto político

La Comisión Permanente aprueba el informe que recomienda 10 años de inhabilitación para la ex primera ministra asilada en la Embajada de México.
Perú, a 21 de noviembre de 2025.- La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó el informe final que propone inhabilitar por una década a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, por su presunta participación en el intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. El documento, sustentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, será enviado al pleno, donde se definirá su futuro político en medio de una crisis diplomática con México.

Un proceso que revive el quiebre democrático de 2022

El Parlamento peruano reactivó esta semana el caso contra Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, asilada desde hace meses en la Embajada de México en Lima.
Tras fracasar una primera votación este miércoles, la Comisión Permanente retomó el expediente y aprobó el informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575, que recomiendan inhabilitarla durante 10 años para ejercer cargos públicos.

Estas denuncias también incluyen al expresidente Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta, quienes pidieron reprogramar sus audiencias para ejercer su defensa. Ambos enfrentan procesos penales por rebelión y conspiración.

Los argumentos: un “rol determinante” en el intento de autogolpe

La sustentación del informe estuvo a cargo de Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Según el documento, Chávez habría tenido una participación clave en las acciones que facilitaron el mensaje a la nación con el que Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la instauración de un gobierno de excepción.

Entre los hechos expuestos destacan:
La ex primera ministra condujo personalmente al equipo de TV Perú al despacho presidencial, pese a no ser de su competencia.
Chávez no expresó oposición alguna al anuncio de Castillo, con lo cual habría incumplido deberes de defensa de la institucionalidad democrática.

El informe subraya que el procedimiento parlamentario busca determinar responsabilidad política y constitucional, no penal, dado que los delitos correspondientes ya son investigados por instancias judiciales.

Una decisión que ahora depende del pleno

Con este avance, el expediente pasa nuevamente al pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la acusación constitucional.
El resultado será decisivo no solo para el futuro político de Betssy Chávez, sino también para la narrativa oficial en torno al fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, uno de los episodios más críticos de la reciente historia peruana.

Tensiones internacionales: México–Perú, una grieta abierta

La situación de Chávez, quien permanece asilada en la residencia diplomática mexicana a la espera de un salvoconducto para salir del país, mantiene encendidas las fricciones entre Lima y la Ciudad de México.

El asilo otorgado derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, ya deterioradas luego de que el gobierno mexicano se negara a reconocer la legitimidad de la presidencia de Dina Boluarte tras la caída de Castillo.

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