Alertan riesgo de autoritarismo en Veracruz por reforma a la Ley del Servicio Civil
Legisladoras advierten amenaza a derechos laborales históricos
Xalapa, Ver., a 23 de noviembre de 2025.- Diputadas de oposición y diversas organizaciones sindicales alertaron que la iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil podría abrir la puerta a un modelo de control político sobre los trabajadores del sector público en Veracruz. Aunque el Gobierno estatal accedió a frenar momentáneamente el proceso tras protestas masivas, legisladoras temen que la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso local termine por imponer un proyecto considerado regresivo, inconstitucional y riesgoso para la vida sindical del estado.
EL CONFLICTO: UNA REFORMA QUE ENCENDIÓ AL MOVIMIENTO SINDICAL
La semana cerró con un estallido político en Veracruz: protestas, discursos y negociaciones forzadas tras conocerse la iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil. El documento —enviado al Congreso por la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP)— proponía modificaciones profundas que, en palabras de los sindicatos, “golpeaban el corazón del sindicalismo veracruzano”.
El viernes, líderes gremiales se reunieron con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil. Tras varias horas de diálogo, lograron que la iniciativa fuera “detenida y analizada”, un triunfo momentáneo celebrado en Xalapa.
Pero para la oposición legislativa, ese respiro no es garantía de nada.
“La mayoría de Morena aprueba todo lo que presenta, no importa de dónde venga”, advirtieron en un mensaje que resonó dentro y fuera del Congreso.
ALARMA DESDE LA OPOSICIÓN: “ESTAMOS A UN PASO DEL AUTORITARISMO”
Una reforma que podría cambiar décadas de conquistas
La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, fue una de las voces más firmes al denunciar el fondo de la propuesta.
“Se perjudican derechos, conquistas y prestaciones obtenidas por décadas. Quieren concentrar el poder para evitar reclamos. Esto rompe el equilibrio de poderes”, afirmó con dureza.
Córdova Molina explicó que el proyecto pretende quitar facultades al Poder Judicial para transferirlas a la Secretaría de Trabajo, otorgándole la capacidad de resolver conflictos y procedimientos que hoy corresponden a tribunales.
“Quieren que lo que hoy resuelve un Tribunal lo resuelva el Ejecutivo. Eso es inconstitucional y abre la puerta para meter mano en todos los sindicatos”, sentenció.
CONTROL SINDICAL Y CENTRALIZACIÓN: EL FONDO DEL TEMOR
Un solo sindicato, un solo registro, un solo poder
La diputada del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, advirtió que la iniciativa va más allá de un simple reordenamiento administrativo: “pretende desaparecer sindicatos minoritarios y concentrar el poder en los grandes, y por ende, en el Gobierno”.
La legisladora fue aún más lejos:
“Es una propuesta que enciende las alertas democráticas. Estamos hablando de un modelo que podría derivar en una dictadura sindical administrada por el Ejecutivo.”
Valdés Salazar alertó que, al darle al Gobierno el control del registro de sindicatos, constancias de representatividad y validación de procesos internos, se pondría en riesgo la libertad de asociación, un pilar constitucional.
¿QUÉ PLANTEA EXACTAMENTE LA INICIATIVA?
La propuesta presentada por el diputado morenista Juan Tress Zilli, y respaldada por la Secretaría del Trabajo, incluye:
Principales cambios:
El Poder Ejecutivo tendría el control del registro de sindicatos del sector público.
Solo se permitiría un sindicato por entidad pública.
En caso de competencia, la STPSP otorgaría el registro al grupo mayoritario.
Se obligaría a elecciones internas por voto personal, libre y secreto, con padrones verificados.
Solo el sindicato con constancia vigente podría negociar condiciones laborales.
Condiciones generales de trabajo solo serían válidas si tienen respaldo mayoritario.
Nuevas facultades del Ejecutivo
Registrar condiciones laborales.
Verificar consultas sindicales.
Expedir constancias de representatividad.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje mantendría la facultad de cancelar registros, pero tras juicio.
SINDICATOS: “UN RETROCESO HISTÓRICO”
Más de 20 líderes gremiales coincidieron en que se trata del mayor intento de intervención gubernamental en la vida sindical en décadas.
“Golpea desde ayuntamientos hasta el magisterio, pasando por dependencias estatales. Esto afecta el ingreso, la estabilidad y la dignidad de miles de familias veracruzanas”, señalaron.
El lunes iniciarán mesas de trabajo en el Congreso, donde la promesa —al menos de palabra— es “socializar” la propuesta y escuchar a todos los sindicatos.
ANÁLISIS INTERPRETATIVO: ¿HACIA DÓNDE VA VERACRUZ?
La iniciativa, que en el papel busca “ordenar y transparentar”, fue leída políticamente como parte de un proceso más amplio: la centralización del poder en la administración estatal.
La oposición sostiene que, tras el debilitamiento de organismos autónomos y la creciente influencia del Ejecutivo en decisiones judiciales, esta reforma sería “la pieza faltante” para consolidar un modelo donde la autonomía sindical se vuelve una amenaza a domesticar.
Las voces críticas insistieron en que con esta propuesta Morena no solo busca eficiencia administrativa, sino hegemonía política.
Mientras los reflectores apuntan al Congreso, sindicatos, legisladoras y ciudadanos miran con cautela: la batalla por la autonomía sindical apenas comienza, y Veracruz se encuentra, según la oposición, ante una decisión que podría marcar su vida democrática por años.
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