Denuncia por irregularidades en bodegas del Gobierno de Veracruz en la Ciudad de México
De acuerdo con la información recabada, las bodegas actualmente se encuentran rentadas a un particular, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de su uso y administración. Al intentar recuperar los espacios, los arrendatarios argumentaron que cuentan con un contrato celebrado con Laura Elida Amador Zaragoza, hermana de Humberto Amador Zaragoza, quien desempeñó funciones como subsecretario de Ganadería y Pesca durante la administración anterior.
Este hecho, según expertos en derecho público, podría configurar actos de conducta ilícita, usurpación de funciones y uso indebido de bienes propiedad del Estado, al impedir que los productores veracruzanos accedan a instalaciones que fueron prometidas para fomentar su actividad económica y comercial.
Ante la situación, la Gobernadora Rocío Nahle y su equipo legal presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación Territorial de Iztapalapa, registrada bajo el número CI-FIZP/IZP-3/UI-1S-D0014-04/2025, con el objetivo de que se investigue y se deslinden responsabilidades sobre el uso indebido de los inmuebles.
Autoridades estatales han señalado que las bodegas representan un recurso estratégico para los productores locales, ya que permiten almacenar y comercializar sus productos de manera segura, contribuyendo al desarrollo económico de Veracruz y a la sostenibilidad de sus cadenas productivas. Sin embargo, la ocupación por particulares retrasa estos objetivos y genera incertidumbre entre los comerciantes y agricultores que dependen de estos espacios.
Hasta el momento, las investigaciones continúan y se espera que la Fiscalía determine si hubo alguna irregularidad en la firma del contrato de arrendamiento, así como posibles actos de corrupción relacionados con la gestión de bienes públicos. Mientras tanto, el Gobierno de Veracruz asegura que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que las bodegas cumplan con su propósito original y beneficien a los productores del estado, como lo había prometido la Gobernadora desde el inicio de su administración.
Este caso ha puesto nuevamente en el foco la transparencia en la administración de bienes estatales y la importancia de supervisar que los recursos públicos sean utilizados para el beneficio colectivo, en este caso, para los productores veracruzanos que necesitan estos espacios para mantener y fortalecer sus actividades comerciales.
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