Violencia política en Veracruz: tercer estado con más ataques vinculados al crimen organizado, alerta Data Cívica
La información fue confirmada por Itzel Soto, Coordinadora de Investigación de dicha organización, en entrevista, explicó que el estudio se basa en una recopilación sistemática y retrospectiva de noticias en medios de comunicación nacionales y locales, en las que se reportan casos de asesinatos, desapariciones, secuestros o ataques armados a actores políticos.
“Es un trabajo que hacemos desde 2018. Revisamos las notas de prensa relacionadas con hechos violentos contra figuras políticas, y actualizamos nuestra base de datos de forma mensual”, detalló Soto.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es que desde 2018, al menos 18 candidatos y precandidatos han sido víctimas de violencia política en Veracruz, de los cuales siete fueron asesinados durante el proceso electoral de 2021.
Soto explicó que existe un patrón evidente en el comportamiento de estos hechos violentos: los picos más altos se presentan justo un mes antes de las elecciones municipales, etapa en la que se intensifican las tensiones políticas y, al parecer, también los intereses de grupos criminales.
“Lo que vemos es que la violencia política no ocurre al azar; se concentra en periodos específicos del proceso electoral y parece estar diseñada para influir en los resultados o desalentar la participación”, advirtió la investigadora.
La Coordinadora de Investigación lamentó que, conforme se acercan los comicios, aumente el riesgo de atentados, extorsiones o amenazas a quienes compiten por cargos de elección popular. “Hay evidencia clara de que la violencia política se incrementa conforme se acercan las fechas clave del proceso electoral. Esto pone en riesgo no sólo a los candidatos, sino también a la democracia misma”, enfatizó.
En el caso específico de Veracruz, la presencia de grupos delictivos con control territorial y capacidad de intimidación sobre estructuras políticas locales ha generado un entorno hostil para el ejercicio libre de los derechos políticos, principalmente en municipios con alto nivel de marginación o escasa presencia institucional.
Desde Data Cívica se hace un llamado urgente a las autoridades electorales, de seguridad pública y del gobierno estatal a reforzar la vigilancia y protección de los candidatos, sin distinción de partido, así como a garantizar las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda votar en libertad y sin miedo.
Soto reiteró la importancia de que tanto instituciones como la sociedad civil estén atentas ante cualquier incidente. “Cada agresión es un golpe directo a la democracia, y no podemos permitir que la violencia defina quién gobierna en nuestros municipios”, concluyó.
Con el proceso electoral en marcha y la fecha del 1 de junio cada vez más cercana, los desafíos para las autoridades y para la ciudadanía son grandes. El caso de Veracruz, con su historial de violencia contra aspirantes, obliga a mirar de frente una realidad incómoda: la violencia política sigue presente y no ha sido erradicada.
Frente a este panorama, garantizar elecciones seguras no es sólo un deber institucional: es una exigencia social para asegurar que la voluntad popular prevalezca sobre el miedo.
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