FGR investiga a naviera Marinsa por lavado de dinero y tráfico ilegal de combustible
Según documentos oficiales y dictámenes periciales a los que tuvo acceso la FGR, Marinsa habría recibido depósitos por más de 22 mil millones de pesos entre 2019 y 2022, tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses. Estos montos no fueron respaldados con documentación que acreditara el origen lícito de los fondos, lo que disparó las alertas del sistema financiero nacional e internacional.
Las investigaciones han revelado un entramado de movimientos financieros entre Marinsa y otras compañías relacionadas con el mismo grupo empresarial, como Ocean Marine. Las cuentas bancarias de estas empresas habrían sido fondeadas entre sí sin una justificación operativa o contractual aparente, lo que sugiere la existencia de un mecanismo diseñado para disimular el origen de los recursos.
Peritos especializados en delitos financieros alertaron sobre la presencia de operaciones inusuales que podrían estar vinculadas a esquemas de evasión fiscal, triangulación de recursos y delitos contra el sistema financiero mexicano.
Una de las líneas de investigación más delicadas apunta a la presunta complicidad entre Marinsa y funcionarios de Pemex en la venta y distribución ilegal de combustibles. Según información recabada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, se han documentado casos de abastecimiento no autorizado de hidrocarburos desde Isla del Carmen hacia diversas embarcaciones, sin que existiera una ruta legal o autorización formal para ello.
Uno de los casos más representativos ocurrió en 2020, cuando el buque Go Canopus, perteneciente a la flotilla de Marinsa, fue capturado con 450 mil litros de combustible presuntamente ilegal. Este hallazgo detonó la reactivación de una carpeta de investigación que había sido archivada, y derivó en una nueva línea de indagatoria que se formalizó en 2022, tras una denuncia anónima que aportó elementos clave para ampliar el caso.
Marinsa ha sido beneficiada con múltiples contratos para proveer servicios de transporte marítimo a plataformas petroleras en Campeche, uno de los principales polos de producción de hidrocarburos del país. Estos contratos se remontan al sexenio de Peña Nieto, pero continuaron otorgándose durante los primeros años de la administración actual, bajo el argumento de que se trataba de una empresa “estratégica” para el suministro a plataformas costa afuera.
La dirección de la naviera está a cargo de José Luis Zavala Solís, quien también aparece como figura clave en otras empresas del conglomerado Cemza. Su nombre ha sido incluido en los reportes financieros investigados por la FGR, que buscan establecer si existe una red empresarial destinada a lavar dinero mediante licitaciones, contratos y transacciones internas sin justificación comercial.
Hasta el momento, la FGR ha iniciado dos carpetas de investigación formales, en 2020 y 2022 respectivamente, encabezadas por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Los expedientes incluyen testimonios, peritajes contables, reportes bancarios, documentación de embarques y análisis de operaciones en aduanas marítimas.
Las autoridades no descartan la participación de funcionarios públicos en la posible red de corrupción que permitió el desvío de recursos y la comercialización ilegal de combustibles, lo cual constituye un delito grave según el Código Penal Federal.
De comprobarse la comisión de los delitos, la FGR podría proceder judicialmente contra directivos de Marinsa, funcionarios de Pemex y cualquier otra persona relacionada con la red de operaciones irregulares. También podrían iniciarse procedimientos para cancelar contratos vigentes y congelar cuentas bancarias, tanto en México como en el extranjero.
El caso Marinsa representa uno de los escándalos financieros y energéticos más complejos de los últimos años, no solo por los montos involucrados, sino por la posible infiltración de prácticas ilegales dentro de empresas estratégicas del sector energético nacional.
Mientras tanto, la sociedad sigue exigiendo transparencia y justicia en un sector históricamente vulnerable a la corrupción. Las investigaciones continúan.
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