EE.UU. deporta a 17 presuntos pandilleros a El Salvador en una operación conjunta

El Salvador, a 2 de abril del 2025.- El domingo, 17 presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, en una operación coordinada entre ambos gobiernos, que fue calificada como un éxito en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien destacó que estos individuos, entre los que se incluyen homicidas y violadores, ya no representarán una amenaza para las comunidades estadounidenses.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró la expulsión y compartió un video de la operación en sus redes sociales, mostrando a militares y policías acompañando a los presuntos pandilleros en su traslado hacia un complejo carcelario. Bukele destacó que entre los deportados se encontraban seis violadores de menores, quienes fueron clasificados como delincuentes de alto perfil.

El operativo se enmarca en una serie de deportaciones recientes, que incluyen a más de 200 venezolanos, muchos de ellos vinculados a actividades criminales, enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña. La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, afirmó que Washington continuará enviando delincuentes a El Salvador, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Esta medida es parte de una estrategia más amplia de la administración Trump, que ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada históricamente en tiempos de guerra, para intensificar las deportaciones de presuntos pandilleros. Según el gobierno estadounidense, el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, representa una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado las deportaciones, calificándolas de "secuestro" y comparando las cárceles salvadoreñas con "campos de concentración nazis".

A pesar de la controversia, la administración de Trump sigue defendiendo esta política como una medida efectiva contra el crimen organizado. No obstante, ha enfrentado críticas de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que cuestionan la legalidad de estas deportaciones sin el debido proceso.

En El Salvador, la política de mano dura contra las pandillas sigue siendo uno de los pilares del gobierno de Bukele, quien ha reiterado su disposición para recibir a los deportados y fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. Sin embargo, este proceso sigue generando tensiones diplomáticas, particularmente con Venezuela, que acusa a EE.UU. de violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

La deportación de estos 17 presuntos criminales subraya la complejidad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y las políticas migratorias en América Latina.