Terror en Tlaxcoaque: El lado oscuro de la Guerra Sucia en México

México, a 16 de agosto del 2024.- En una madrugada helada de la década de 1970, Verónica López Sánchez y un grupo de mujeres trans fueron violentamente detenidas por policías en la Ciudad de México. Los oficiales las subieron a golpes a vehículos con vidrios polarizados y las trasladaron a un lugar que aún despierta terror en la memoria colectiva: Tlaxcoaque. Este centro de detención, un oscuro símbolo de la represión estatal, fue uno de los tantos utilizados por la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal durante los años de la Guerra Sucia.

Verónica recuerda con un escalofrío el momento en que llegaron al infame sótano de Tlaxcoaque. "Hacía mucho frío... nos metieron en una celda, la número cinco, en el pasillo tres", relata. A las cinco de la mañana, un grito que resonaba en el lugar anunciaba el tormento: "¡Vapor, vapor!". Era la señal para que los guardias les arrojaran cubetas de agua helada, lo que provocaba que sus cuerpos, sometidos a bajas temperaturas, emitieran un vapor visible. Muchas de sus compañeras enfermaron gravemente; algunas nunca salieron vivas de esas celdas.

Este es solo uno de los tantos testimonios que recoge el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), titulado *Fue el Estado (1965-1990)*. Este informe, que documenta el periodo conocido como la Guerra Sucia en México, expone las atrocidades cometidas por el Estado contra disidentes políticos, campesinos, periodistas, comunidades indígenas, sectores sexo-genéricos y cualquiera que representara una amenaza para el régimen.

Otro testimonio desgarrador es el de Juan Carlos Ayala Barrón, quien en junio de 1977 vivió en carne propia la brutalidad del Estado. En la puerta de la casa de su tío en Culiacán, Sinaloa, él, su hermano y sus primos fueron golpeados y arrastrados al interior por soldados y policías federales. Su tío fue llevado a la fuerza, y nunca más se supo de él.

Juan Carlos logró escapar al día siguiente, con la excusa de ir por tortillas, pero cuando llegó a su casa, descubrió que la violencia estatal lo había seguido. Su familia, junto a otras 15 personas, había sido retenida y golpeada brutalmente. En ese momento, entendió que el objetivo de los soldados era obtener información sobre los sembradores de marihuana y amapola, productos que los campesinos cultivaban para subsistir en medio de la pobreza. Aquellos que no podían soportar la tortura terminaban acusando a sus propios vecinos, desencadenando una ola de arrestos y desapariciones.

Estos testimonios son solo un fragmento de la realidad que se vivió en México entre 1965 y 1990. Durante esos años, el Estado mexicano implementó una estrategia de contrainsurgencia que no solo afectó a los grupos armados disidentes, sino también a comunidades marginadas, como los campesinos que recurrían al cultivo de drogas para sobrevivir, a las disidencias religiosas, a los sectores sexo-genéricos y a cualquiera que se opusiera al poder hegemónico del régimen.

El informe del MEH, basado en más de mil testimonios y una vasta cantidad de documentos, revela que las violaciones a los derechos humanos durante este periodo no fueron incidentes aislados ni producto de excesos individuales. Al contrario, fueron parte de una estrategia estatal cuidadosamente planificada y ejecutada, con la participación de diversas instituciones gubernamentales, como el ejército, la policía, y hasta entidades aparentemente inofensivas como instituciones educativas y de salud.

Uno de los capítulos más oscuros documentados en el informe es la utilización de los "vuelos de la muerte", una táctica en la que los detenidos eran arrojados vivos o muertos al océano desde aviones militares. Estos vuelos no solo fueron empleados para eliminar a miembros de organizaciones político-militares, sino también a líderes comunitarios que se oponían a proyectos del Estado, como la imposición de una planta hidroeléctrica en Chiapas.

El informe incluye una carta de 2004 escrita por un miembro del ejército, Benjamín Apresa, en la que detalla los nombres, fechas y lugares de estos vuelos. Entre las víctimas se encontraba un niño de nombre Marcelo Serafín, detenido por militares el día de la ejecución del guerrillero Lucio Cabañas en 1974.

El informe deja claro que la represión no fue obra de unos cuantos elementos corruptos, sino de un aparato estatal en el que participaron altos funcionarios, como los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, y Carlos Salinas de Gortari, así como figuras clave del gobierno como Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett Díaz. Todos ellos, según el MEH, contribuyeron a la implementación de políticas represivas que resultaron en miles de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

El informe también señala la complicidad de grupos paramilitares, parapoliciales, y hasta del crimen organizado, que operaron al servicio del Estado en la represión. Además, se menciona la colaboración de actores no estatales, como algunos partidos políticos, empresarios, medios de comunicación y organizaciones religiosas, que se beneficiaron de la represión o colaboraron activamente con ella.

La influencia de agencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, también fue determinante en la guerra contrainsurgente en México. El informe destaca la participación del FBI, la DEA y la CIA en la vigilancia, infiltración y apoyo a las fuerzas de seguridad mexicanas, así como en operaciones ilegales como el secuestro y traslado de personas a Estados Unidos.

Los lugares donde se ejecutaron estos crímenes incluyeron instalaciones oficiales, como el Campo Militar N. 1, y centros clandestinos de detención en las bases aéreas y cuarteles militares repartidos por todo el país. Estas instalaciones no solo fueron utilizadas para reprimir a los disidentes, sino también para sostener actividades criminales bajo el amparo del Estado.

A pesar de la evidencia abrumadora de violaciones a los derechos humanos, la impunidad ha prevalecido. Muchos de los responsables de estos crímenes no solo no fueron castigados, sino que fueron premiados con cargos de mayor responsabilidad, aplicando su experiencia en contrainsurgencia en nuevos contextos.

El informe concluye con una serie de recomendaciones, entre las que destaca la necesidad de abrir los archivos militares y policiales, investigar a fondo los crímenes cometidos, y buscar justicia para las víctimas. También se sugiere la desmilitarización del país y la creación de una estrategia de seguridad pública y ciudadana que impida la repetición de estos horrores.

La Guerra Sucia en México no solo dejó una cicatriz profunda en la historia del país, sino que sigue siendo una herida abierta para miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos y claman por justicia. La publicación del informe *Fue el Estado* es un paso importante para enfrentar este oscuro capítulo, pero queda un largo camino por recorrer para lograr la verdad, la justicia y la reparación que las víctimas merecen.