A manera de reflexión.
Mazatlán, Sinaloa.
[09/04/15]
Hay un principio
que indica que una sociedad mejor informada, es una sociedad capaz de tomar sus
propias decisiones. Una sociedad que cuenta con los elementos para exigir
mejores resultados a sus gobernantes, así como con las armas para defender sus
derechos y libertades. Y es precisamente el derecho a la información el
que nos están robando a todos los sinaloenses con la
“Ley Mordaza”, aprobada por los 40 diputados integrantes de la LXI
Legislatura, representantes de todos los partidos políticos con participación
en el Congreso del Estado de Sinaloa.
En las horas
siguientes a la aprobación del dictamen, el cual modifica el artículo 51 Bis de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa,
hay legisladores que han pretendido justificar su actuación bajo el argumento
de que se trata de "protección a los reporteros"; y aunque hay
quienes han hablado de dar marcha atrás, no se han establecido bases ni tiempos
para ello, mientras que los cambios fueron publicados en cuestión de horas en
el Diario Oficial del Estado, lo que implica su entrada en vigor de manera
inmediata.
Las nuevas
disposiciones limitan la cobertura de temas de seguridad, pues establecen que
los medios de comunicación sólo podrán publicar los boletines de prensa que
emita la Unidad de Acceso a la Información Pública, "siempre que se cumpla
con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia", y
en ningún caso se podrá autorizar a los medios el ingreso a los lugares de los
hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un
evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública
o la procuración de justicia, salvo cuando exista un permiso especial del
Procurador General de Justicia en Sinaloa.
Sobre este
particular, un grupo importante de reporteros de Mazatlán, consideramos que:
1.- Con esta
acción, se criminaliza el trabajo periodístico.
2.- Se legaliza la
violencia policiaca contra los reporteros, violencia que ha sido una constante
en lo que va del sexenio del gobernador Mario López Valdez.
3.- Se coarta de
tajo la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos consagrados
en la Constitución.
4.- Se oficializa
el manejo de información, por lo que será el Gobierno del Estado, a través de
la Procuraduría General de Justicia y de la Unidad de Acceso a la Información
Pública, quienes decidirían qué se publica y qué se oculta, de acuerdo a
conveniencias políticas y económicas.
5.- Se acaba con el
trabajo de investigación del reportero, en el área policiaca.
Ante tales
planteamientos, exigimos la inmediata derogación de la reforma al artículo 51
bis de la ley orgánica de la procuraduría general de justicia del estado de
Sinaloa.
De igual forma,
advertimos que de no ocurrir con la misma inmediatez con que fue aprobada y
publicada, estaremos presentando demandas de amparo ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ya que el riesgo para nuestro gremio y para la sociedad
civil es trascendental.
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