Tribunal Constitucional de Perú anula condena contra Ollanta Humala; expresidente recupera su libertad

Humala denunció haber sido víctima de persecución política y judicial; el fallo también beneficia a su esposa, Nadine Heredia

Perú, a 1 de agosto de 2026.- El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) recuperó este viernes su libertad luego de que el Tribunal Constitucional de Perú anulara el proceso judicial que lo llevó a cumplir una condena de 15 años de prisión por presunto lavado de dinero relacionado con la financiación de sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Tras la resolución del máximo órgano constitucional, un juez ordenó su inmediata excarcelación, poniendo fin a la condena que cumplía desde abril de 2025 en el penal de Barbadillo, prisión destinada exclusivamente a expresidentes peruanos.

Tribunal Constitucional declaró inválido el proceso

La resolución del Tribunal Constitucional determinó que el proceso carecía de sustento jurídico, al considerar que la ocultación de donaciones para campañas electorales no estaba tipificada como delito cuando ocurrieron los hechos investigados.

Asimismo, el tribunal concluyó que la acusación por lavado de activos no logró acreditar los elementos necesarios para configurar ese delito, por lo que declaró inválida la sentencia condenatoria.

Con base en esa resolución, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la inmediata liberación del exmandatario, atendiendo la solicitud presentada por su defensa.

La decisión también favorece a Nadine Heredia, esposa de Humala, quien había sido condenada dentro del mismo proceso y actualmente permanece asilada en Brasil.

Humala denuncia persecución política

Al abandonar el penal de Barbadillo, Ollanta Humala fue recibido por simpatizantes, abogados y colaboradores cercanos.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que tanto él como su familia fueron víctimas de una persecución política y judicial.

"Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial", afirmó el exgobernante, quien además aseguró que su encarcelamiento representó un acto arbitrario por parte del Estado.

Humala rechazó nuevamente haber recibido recursos provenientes del gobierno venezolano o de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales, acusaciones que dieron origen al proceso penal.

También señaló que la sentencia afectó gravemente a su familia, obligando a su esposa a solicitar asilo en Brasil y a sus hijos a abandonar Perú.

Un caso ligado al escándalo Lava Jato

La investigación contra el exmandatario surgió a partir de las pesquisas del denominado Caso Lava Jato, que involucró a políticos y funcionarios de diversos países latinoamericanos por presuntos sobornos y financiamiento ilegal de campañas por parte de la empresa Odebrecht.

La Fiscalía peruana sostenía que Humala habría ocultado presuntos aportes económicos provenientes de la constructora brasileña y del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, recursos que supuestamente habrían sido utilizados durante sus campañas presidenciales.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que la conducta atribuida no constituía delito en el momento de los hechos y que tampoco existían elementos suficientes para sostener la acusación por lavado de dinero.

Cabe recordar que Humala ya había permanecido diez meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018 por este mismo caso, medida que también fue revocada en su momento por el Tribunal Constitucional.

Continúan las reacciones políticas

Tras recuperar su libertad, el expresidente lanzó nuevas críticas contra los integrantes del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, a quienes acusó de actuar motivados por razones ideológicas y de haber impulsado un proceso sin pruebas suficientes.

El fallo del Tribunal Constitucional también generó reacciones en el ámbito político peruano. La presidenta Keiko Fujimori, quien anteriormente fue beneficiada por una resolución similar del mismo tribunal en otro proceso judicial, afirmó que la decisión debe respetarse por tratarse de una determinación emitida dentro del Estado de derecho.

Con la anulación del juicio, uno de los procesos judiciales más relevantes derivados del caso Lava Jato en Perú queda sin efectos, reabriendo el debate sobre los alcances de la justicia constitucional, la legalidad de los procesos penales y el impacto que estos han tenido en la vida política del país.