Congreso de Veracruz aprueba reformas para fortalecer el proceso de entrega-recepción en gobiernos estatal y municipales

La reforma no generará gastos adicionales ni presiones presupuestales para los ayuntamientos ni para el Poder Ejecutivo.

Xalapa, Ver., a 20 de noviembre de 2025.- Con 44 votos a favor y sin oposición, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado aprobó reformas a la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, así como a la Ley Orgánica del Municipio Libre. El objetivo es perfeccionar el marco normativo que regula los procesos de transición gubernamental, estableciendo plazos claros y nuevas facultades para los ayuntamientos en la revisión de expedientes. La iniciativa fue impulsada por los diputados Ana Rosa Valdés Salazar y Rafael Gustavo Fararoni Magaña.

Unanimidad en el poder legislativo

En la décima primera sesión ordinaria, el Pleno del Congreso estatal votó a favor del dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Vigilancia. La aprobación se dio sin votos en contra ni abstenciones, un hecho que evidencia el consenso de las distintas fuerzas políticas sobre la necesidad de actualizar los procedimientos de entrega-recepción.

Los legisladores destacaron que las reformas responden a una exigencia reiterada por ayuntamientos y dependencias estatales para contar con procesos más claros, eficientes y transparentes, evitando vacíos normativos y fortaleciendo la rendición de cuentas.

Origen de las reformas: dos iniciativas complementarias

El dictamen deriva de dos iniciativas presentadas este mismo año: la primera, el 13 de febrero, por la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, y la segunda, el 3 de julio, por el diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña.

Ambas propuestas coincidieron en la importancia de modernizar los mecanismos de entrega-recepción, una etapa clave en la transición entre administraciones, durante la cual se define el estado real de los recursos, obligaciones, responsabilidades y documentación oficial.

Las Comisiones dictaminadoras subrayaron que la reforma se limita a mejoras normativas procedimentales, sin alterar aspectos operativos o generar cargas administrativas adicionales.

Claridad en plazos y mecanismos: el eje central de la reforma

El proyecto aprobado introduce una serie de precisiones relevantes en materia de plazos, obligaciones y flujos de información entre autoridades municipales y estatales.

Uno de los puntos principales establece que, una vez emitido el dictamen de entrega-recepción, este deberá ser sometido a consideración del Ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes.

El Ayuntamiento podrá convocar a las personas servidoras públicas de la administración saliente para que aclaren, justifiquen o complementen la información contemplada en el expediente. Este paso se considera esencial para evitar inconsistencias y facilitar la evaluación final del proceso.

Además, se dispone que el Ayuntamiento certificará y expedirá cualquier documento necesario para completar el expediente de entrega-recepción, lo que fortalecerá la transparencia y permitirá resolver con mayor agilidad las observaciones contenidas en el dictamen.

Respuesta y emisión de acuerdos: nuevos tiempos legales

Las reformas añaden una dinámica clara de seguimiento. Una vez notificadas las observaciones, la administración saliente deberá responder en un plazo no mayor a quince días hábiles.

Posteriormente, dentro de los diez días hábiles siguientes, el Ayuntamiento emitirá el Acuerdo en vía de opinión dirigido al Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.

Este documento incluirá el Acta Circunstanciada y el expediente completo, que serán utilizados para la revisión de las Cuentas Públicas Municipales.

La reforma busca acelerar los tiempos, evitar rezagos y homologar prácticas en los 212 municipios del estado.

Una transición financieramente neutra

Un elemento destacado del dictamen es que la implementación de estas disposiciones no implica recursos extraordinarios ni genera presiones financieras.

Ello garantiza que la modernización del procedimiento de entrega-recepción no afectará la estabilidad presupuestal del Ejecutivo ni de los ayuntamientos. La intención es fortalecer la rendición de cuentas sin aumentar cargas ni gastos administrativos.

Hacia una cultura de transparencia

Estas reformas representan un paso importante en la consolidación de una cultura administrativa basada en la responsabilidad y la claridad documental.

El proceso de entrega-recepción ha sido históricamente un momento crítico, donde errores, omisiones o falta de transparencia pueden generar conflictos, rezagos y sospechas. Con esta actualización normativa, el Congreso apuesta por procesos más ordenados y verificables, en los que la información fluye de manera precisa y las autoridades cuentan con herramientas para supervisar y aclarar cualquier irregularidad.

Más allá de un cambio técnico, la reforma refleja una apuesta por fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que las transiciones gubernamentales se realicen con orden, legalidad y respeto al patrimonio público.